Política
Miércoles 18 de Mayo de 2016

Cristina apeló su procesamiento con severas críticas al juez Bonadio

La defensa de la ex presidenta presentó un escrito en el que deslinda su responsabilidad por la venta de dólar futuro

La ex presidenta Cristina Fernández apeló el procesamiento que le dictó el juez federal Claudio Bonadio por la causa de dólar a futuro, y sostuvo que en el fallo hizo "consideraciones de naturaleza exclusivamente política, en particular sobre los pormenores de la política económica", que es "materia ajena a su competencia".

La defensa de la ex jefa del Estado, a cargo de Carlos Beraldi, presentó un escrito para que se revoque el procesamiento de Fernández por "administración fraudulenta", y advirtió que hubo "una violación al principio de inocencia mediante la presunción ilegítima de dolo en cabeza" de la ex mandataria.

"Salta a la vista la manifiesta ausencia de fundamentos serios probatorios y jurídicos que justifiquen el pronunciamiento de mérito adoptado respecto de mi representada", sostuvo el letrado al comenzar su apelación.

El viernes pasado Bonadio sostuvo que "es impensable que una operación financiera de esta magnitud, en la cual en menos de 45 días hábiles se abrieron posiciones del Banco Central de U$S 5.000 millones a U$S 17.000 millones, que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo nacional".

No se sabe aún qué sala de la Cámara Federal deberá analizar la cuestión, porque la ex presidenta recusó a los miembros de la Sala II y el tema debe ser analizado por sus pares de la Sala I.

La Sala II fue recusada por haber avalado la continuidad de Bonadio en este expediente. A criterio de la defensa de Cristina, debió haber sido apartado por "enemistad manifiesta", por la acusación de mal desempeño en el Consejo de la Magistratura de la Nación y la denuncia penal impulsada por diputados kirchneristas contra el juez y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, a raíz de haber pagado las operatorias de dólar a futuro que se investigan en la causa.

Mientras la Sala I de la Cámara Federal analiza la cuestión sobre sus pares, la Cámara de Casación Penal también estudia un planteo de admisibilidad por el apartamiento de Bonadio, impulsado por Pedro Biscay, uno de los directores del Central que también fue procesado.

Ayer, mientras se definían esas cuestiones, el abogado Beraldi apeló el procesamiento de Cristina Fernández y el consecuente embargo de 15 millones de pesos que se firmó el último viernes.

Beraldi sostuvo que en el fallo "se efectúan consideraciones de naturaleza exclusivamente política, en particular sobre los pormenores de la política económica en materia cambiaria adoptada por el anterior gobierno, que resultan totalmente impropias de una resolución judicial, ingresándose así en una materia ajena a su competencia".

También advirtió que "se afirma de manera dogmática la existencia de un acuerdo entre funcionarios públicos que, de manera sistemática, concertada y organizada, llevaron a cabo supuestos actos de contenido ilícito", una "manifestación" que "se sostiene exclusivamente en la voluntad del juzgador".

El defensor de Fernández afirmó además que "se realiza una arbitraria imputación objetiva del supuesto perjuicio al erario público que habría ocasionado la operatoria de contratos de dólar futuro, soslayándose que la flexibilización del tipo de cambio y la devaluación de la moneda nacional que incidieron en la liquidación de esos contratos —aleas de la operatoria infundadamente negadas por V.S.— fueron medidas económicas adoptadas por las actuales autoridades del gobierno nacional".

Incluso, el abogado sostuvo que "se ignora" que desde el Mercado a Término de Rosario SA (Rofex) se informó que "Mario Quintana fue uno de los funcionarios del actual gobierno que decidió el precio que se iba cobrar por esas operaciones" cuando "fue director y CEO de entidades que celebraron contratos de dólar futuro, beneficiándose con la operatoria".

Por último, el defensor cuestionó la "cuantificación arbitraria del monto del embargo en violación a las reglas procesales y constancias de la causa" e hizo reserva de recurrir ante la Cámara Federal de Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los organismos internacionales de derechos humanos.

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