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Martes 26 de Julio de 2011

Correa reinstaura el delito de opinión en Ecuador

Una sentencia de los años 70, o de antes inclusive. Así puede definirse el fallo de la semana pasada que condena a tres años de prisión a los directores y al editor y columnista del diario ecuatoriano El Universo.

Una sentencia de los años 70, o de antes inclusive. Así puede definirse el fallo de la semana pasada que condena a tres años de prisión a los directores y al editor y columnista del diario ecuatoriano El Universo. El rápido trámite del expediente y el dictamen indican lo bien que se lleva la Justicia ecuatoriana con el litigante, o sea, el presidente Rafael Correa. Claudio Paolillo, director del prestigioso semanario uruguayo Búsqueda, lo relató inmejorablemente. "Fue un fallo a medida. En poco más de 30 horas, un juez suplente tomó posesión, presidió el «juicio» (el presidente asistió en persona), «estudió» un expediente de más de 5.000 folios, redactó (o le redactaron) una sentencia de 156 páginas y se retiró del cargo. Todo un récord. Y, también, toda una payasada impresentable".

Es además un fallo anacrónico, porque se basa en figuras penales abstolutamente prescriptas en el ordenamiento jurídico democrático. De las democracias medianamente avanzadas, al menos. Es evidente que Lula en Brasil, o Alvaro Uribe en Colombia, hubieran querido llevar a los tribunales por injurias y ver condenados a decenas de periodistas. Pero no pudieron. Tampoco pueden sus colegas regionales, salvo que se trate de un país "bolivariano". En Bolivia, en Ecuador y por supuesto en Venezuela, sí se pueden hacer estas cosas: mandar tres años a prisión a los directores de un diario y a un periodista por publicar una columna que el presidente de la nación consideró calumniosa e injuriosa. Es exhumar el viejo delito de opinión. La sentencia suma una multa de 40 milllones de dólares, que Correa exige se aumente a 80, y que resulta obviamente expropiatoria.

En Argentina, la figura de "calumnias e injurias" se eliminó de manera definitiva del código penal en 2009, mediante una ley votada por unanimidad. La norma respondía a un fallo de la CIDH, que le había ordenado a la Argentina que adecuara su legislación a la Convención Americana de Derechos Humanos. Ecuador va en el sentido opuesto: se apresta a promulgar una ley que acorralará aún más a la menguante prensa independiente. Se deduce que Ecuador -y por cierto Venezuela- incumplen acabadamente con aquella convención. Amnistía, Human Rigths Watch y la propia CIDH lo han dicho y reiterado, a propósito del caso de El Universo y de muchos otros. Pero nadie, en el activo mundo de los organismos de DDHH latinoamericanos, parece haber formulado una queja ante Correa por blandir una figura penal digna de Luis XIV. Y no es raro: es groseramente incoherente, pero raro, no.

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