Guatemala. — Hermelindo Maquín salió de su hogar en los campos guatemaltecos
a principios de agosto, dejando atrás su pequeña granja y a su esposa embarazada mientras comenzaba
un largo y arriesgado viaje hacia Estados Unidos. Semanas después, el cuerpo vendado y
ensangrentado del joven de 24 años fue encontrado en un remoto rancho. Fue uno de los 72
centroamericanos y sudamericanos ejecutados por los narcotraficantes que extorsionan a los
inmigrantes en México.
La masacre fue otro siniestro episodio de la guerra contra el
narcotráfico en México, que ha dejado 28.000 muertos desde que el presidente Felipe Calderón
comenzó a combatir a los cárteles a fines de 2006 y que se ha intensificado a medida que éstos
prueban nuevos caminos para ganar terreno.
Los familiares de Maquín y de otros inmigrantes provenientes de lugares
más lejanos como Brasil cayeron en conmoción al escuchar sobre la masacre, atribuida supuestamente
al brutal cártel de los Zetas, casi al final de un largo viaje en donde los “sin
papeles” estaban a sólo 150 kilómetros de la frontera de México con Estados Unidos.
“Rezábamos por ellos. Estábamos preocupados por las inundaciones y por el hecho de que no
tenían dinero ni comida. Pero nunca pensamos que pasaría esto”, dijo uno de los parientes de
Maquín en Guatemala, quien pidió no revelar su nombre por miedo a represalias.
El Estado de Tamaulipas, donde ocurrió la matanza, es escenario de
violentas luchas entre el cártel del Golfo y los Zetas, su ex brazo armado. La masacre desató la
protesta de líderes latinoamericanos quienes se quejaron de que México ha fallado en proteger a los
inmigrantes, a pesar de que el país denuncia el maltrato de mexicanos en Estados Unidos.
“Sentimos que México necesita reaccionar y actuar de manera responsable y demostrar que puede
controlar a las organizaciones criminales y a los traficantes de personas”, dijo el canciller
de Honduras, Mario Canahuati.
Innumerables inmigrantes viajan 3.000 kilómetros a través de México para
tratar de encontrar trabajo en Estados Unidos, sea por automóvil, en camión o a pie, algunos
aferrados a la parte superior de los trenes de carga o escondidos en compartimientos secretos
construidos en camiones de carga. Algunos inmigrantes pagan hasta 10.000 dólares a los traficantes
que prometen pasarlos a Estados Unidos. Muchos otros ven terminar sus viajes en robos, asaltos o
arrestos.
Los peligros se han agravado últimamente ya que los cárteles han
expandido sus funciones al tráfico de personas, explotando a vulnerables y anónimos inmigrantes que
llevan drogas a través de la frontera estadounidense o a cuyas familias pueden extorsionar para
luego exigir un rescate. La policía mexicana es muchas veces acusada de entregar a los inmigrantes
a los cárteles a cambio de un soborno.
Anhelo trunco. A pesar del alto desempleo en Estados Unidos, mucha gente aún hace el largo,
costoso y peligroso viaje a este país, hogar de un estimado de 11 millones de inmigrantes
indocumentados. El dinero enviado a casa por los que trabajan en Estados Unidos es crucial para las
familias pobres en países como Honduras, donde las remesas son el equivalente a una quinta parte
del Producto Bruto.
Un inmigrante hondureño, quien se identificó sólo como Alex, se refugió
en una iglesia, a manera de albergue, cerca de la Ciudad de México, mientras que su hermana, quien
viajaba al norte con él, se recupera tras haberse cortado la pierna luego de caer de un tren de
carga.
Los peligros que enfrentan los inmigrantes en México obligaron a Alex a
abandonar sus planes de hallar trabajo en el país del norte. “Les digo a mis compatriotas de
Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala que este sueño nuestro ha terminado”, expresó.
Aun así, Valdete Wilemam, una monja que trabaja con deportados en Honduras, dijo que la
desesperante pobreza hace que muchos corran riesgos una y otra vez. “Los centroamericanos no
van a dejar de ir a Estados Unidos, aunque sepan que están en peligro”, dijo. El secretario
de Gobernación en México, Francisco Blake, prometió esta semana que el gobierno redoblará los
esfuerzos para proteger a los inmigrantes. Esa promesa llega demasiado tarde para Jorge Sevilla, de
27 años, quien fue uno de los 21 hondureños asesinados en Tamaulipas. “El quería darle a sus
hijos una mejor vida y vea lo que encontró”, se lamentó Wilson, hermano de Sevilla.
Hermelindo Maquín y dos parientes con quienes viajaba llamaron a casa
cuando llevaban cerca de una semana en su viaje desde Guatemala para decir que habían logrado
llegar a Veracruz. Los inmigrantes dijeron a sus parientes que habían logrado encontrarse con un
coyote quien los llevaría a Estados Unidos por 2.500 pesos cada uno. Esa fue la última vez que su
familia oyó de ellos. l
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