A sólo 24 horas de que La Capital revelara las declaraciones de un testigo
reservado alemán que detalló y dio nombres de cómo un consorcio de ese país habría sobornado a
marinos y funcionarios argentinos para lograr un contrato, el Ministerio de Defensa de la Nación
denunció penalmente anteayer a miembros de la Armada por los presuntos delitos de cohecho, tráfico
de influencias y soborno trasnacional.
La cartera de Defensa tomó esa rápida decisión tras realizar una veloz y sumaria
investigación interna ante “los nuevos detalles de la investigación que se desarrolla en
Alemania” aportados por este diario en las ediciones del jueves y viernes pasados. Anunció
también que “ante la gravedad de los hechos denunciados” pidió ser parte querellante en
la causa y propuso diversas diligencias de investigación para esclarecer el caso.
El negociado. El presunto soborno a militares y funcionarios se habría cometido en
el año 2006 cuando el consorcio multinacional alemán Ferrostaal y el astillero Fassmer, también de
ese país, intentaron venderle a la Argentina patrulleros marítimos por un valor de entre 230 y 250
millones de euros.
El testigo alemán, de identidad reservada pero de quien La Capital conoce nombre y apellido,
fue miembro de Ferrostaal y participó de las negociaciones. Ante la Fiscalía de Munich dijo que un
abogado de Buenos Aires, de apellido Graf, con contactos en la Marina y el Ministerio de Defensa le
había pedido el 10 por ciento de comisión para asegurar la compra de los buques, es decir entre 23
a 25 millones de euros. Como nunca pudo precisarle entre quiénes repartirían el soborno, el testigo
alemán sospechaba que lo estaban engañando y en su declaración judicial –en poder de La
Capital y en su idioma original– dijo que el abogado Graf era un “crook” (utilizó
una palabra en inglés y no en alemán, que podría traducirse como embustero o deshonesto).
Los alemanes apartaron a Graf del asunto pero lo resarcieron con 140 mil euros que pagó
Ferrostaal. El negocio, entonces, se redujo finalmente a un contrato menor de diseño de buques por
el que la Marina habría pagado 3,5 millones de euros y los sobornados habrían recibido del 6 al 6,5
por ciento de comisión, es decir poco más de 200 mil euros. “El dinero de las coimas fue
transferido a la Argentina por el astillero Fassmer a una cuenta de Gustavo Frers (ex asesor y ex
presidente de Ferrostaal Argentina) y éste se lo entregó en efectivo a Goldlocke (apodo de un
abogado de la Marina). Ferrostaal se benefició con este negocio al recibir una comisión por parte
de Fassmer quien asumió el pago de la coima”, dijo el testigo.
Toda esta información consta en sus declaraciones ante la Justicia. Tal vez para mejorar su
situación procesal contó todo lo que sabía, no sólo de las acciones ilegales en la Argentina de
Ferrostaal, sino en el resto del mundo. Sigue detenido por todos estos casos y ya ha sido imputado
y condenado por otras causas similares de soborno.
El caso Ferrostaal es un escándalo que sacude a toda la industria alemana, a tal punto que su
presidente acaba de renunciar por graves denuncias de coimas que habría pagado a funcionarios
griegos para obtener contratos. Lo mismo ocurrió en Colombia y en otros países.
Los denunciados. Si bien el comunicado oficial del Ministerio de Defensa no indica
quiénes son los miembros de la Armada denunciados penalmente –tampoco lo quiso revelar ante
la consulta de La Capital- es obvio que se refiere a los nombre que publicó este diario en base al
testimonio del testigo: almirantes Uberti y Leprón (en retiro), capitán de ultramar Palma y al
abogado de la Marina apodado Goldlocke (rizo dorado) quien según el testigo recibió la coima. Tal
vez como resultado de la sumaria investigación interna que hizo el Ministerio de Defensa en las
últimas horas haya más militares o funcionarios denunciados en la Justicia, cuyo número de juzgado
tampoco quiso ser revelado por el Ministerio, que sólo se limitó a informar a través del comunicado
de prensa que se reproduce textualmente aparte.
Distinta reacción. En abril de este año, la revista “Der Spiegel” y el
diario de Munich “Suddeutsche Zeitung” publicaron que el escándalo mundial de
Ferrostaal también rozaba a la Argentina y que un funcionario del Ministerio de Defensa argentino
habría compartido una coima de seis cifras con dos oficiales de alto rango de la Marina. Pero no
dieron más detalles ni tampoco nombres.
El Ministerio de Defensa salió en ese entonces “categóricamente” a desmentirlo y
explicó que no tenía relación comercial con esas empresas alemanas aunque, como ciertamente dice el
comunicado de prensa, dio intervención a sus propios organismos internos de control y pidió a la
Oficina Anticorrupción que iniciara una investigación. Precisamente el viernes, La Capital se
comunicó con ese organismo en Buenos Aires para recabar el estado en que se encontraba la causa,
pero sus voceros declinaron hacer cualquier comentario porque “afectaría el proceso
investigativo en curso”, que se inició el 7 de abril pasado pero que hasta el momento no
arrojó ningún resultado conocido.
Ferrostaal Argentina. En cuanto a la filial local de Ferrostaal, La Capital reprodujo el viernes un comunicado de la empresa en el que afirmó desconocer cualquier conducta contraria a derecho. Los esfuerzos, al menos hasta el viernes a última hora (ya de madrugada en Alemania), por hablar con algún representante local o alemán de Ferrostaal fueron infructuosos, incluso también saber quién es el actual máximo responsable de la filial argentina. Según el testigo reservado, al momento del aparente caso de soborno el presidente de Ferrostaal Argentina era un tal Smiraglia. Hoy, según la página web de Ferrostaal Alemania, el contacto en la filial local es un gerente de ventas.
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