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16-03-2010 | Opinión

Acciones en defensa de los consumidores

Por Cristian Galindo. Un 15 de marzo del año 1962, el presidente de EEUU John F. Kennedy declaró ante el Congreso de su país: "Los consumidores, todos nosotros, constituyen el grupo económico más importante y que es afectado por todas, o casi todas, las decisiones económicas públicas y privadas. Sin embargo ellos forman el único grupo que no está organizado y cuyas opiniones casi nunca son tomadas en cuenta".

Por Cristian Galindo (*)

Un 15 de marzo del año 1962, el presidente de EEUU John F. Kennedy declaró ante el Congreso de su país: "Los consumidores, todos nosotros, constituyen el grupo económico más importante y que es afectado por todas, o casi todas, las decisiones económicas públicas y privadas. Sin embargo ellos forman el único grupo que no está organizado y cuyas opiniones casi nunca son tomadas en cuenta".

Nuestro país a partir de la sanción y posterior promulgación el 13 de octubre de 2003 de la ley de protección de los derechos del consumidor (Nº 24.240) y la posterior consagración constitucional de dicha materia en la reforma de 1994, ha dado un importante avance. Igualmente, es mucho lo que falta por hacer en pos de garantizar una concreta y real oportunidad de situar en un punto de equilibrio a los proveedores de bienes y servicios y a los consumidores.

Por ese motivo se hace indispensable la presencia del Estado, con el fin de corregir las imperfecciones y desequilibrios del mercado a que se ve expuesta la parte débil de la relación de consumo, es decir el consumidor.

Asimismo, observamos cómo a nivel nacional y provincial, los órganos de control de las empresas privatizadas prestadoras de servicios, muchas de ellas monopólicas, fueron concebidos sin demasiada convicción, como un subproducto residual de las privatizaciones y sin dar una efectiva participación a los usuarios en los mismos.

A su vez, se ha omitido estimular la creación y participación de los ciudadanos en las asociaciones de consumidores, así como desde el Estado no se ha cumplido con una firme función de prevención y orientación de los ciudadanos, ya que sólo se ha limitado a recibir denuncias individuales y a tramitarlas administrativamente.

Por tal motivo, sería importante que las autoridades provinciales, dada la responsabilidad que se les ha asignado como autoridad de aplicación de la ley 24.240, comprendan la necesidad entre otras cosas, de que sea creado un organismo de jerarquía institucional superior al actual, con competencia exclusiva en la protección de los derechos del consumidor, con presencia en todo el territorio de la provincia, ya que hasta el momento sólo las ciudades de Santa Fe y Rosario cuentan con oficinas de la Dirección General de Comercio Interior. Este hecho genera una situación de indefensión para el resto de los santafesinos, que podría ser subsanado a través de la delegación en los municipios de la facultad de aplicar la ley de protección de los derechos del consumidor, así como también sean ejecutados programas de divulgación pública sobre los derechos del consumidor, se fomente la investigación científica, se preste especial atención a los consumidores en situación cultural desventajosa, se legisle sobre la gratuidad de las acciones judiciales, se extiendan los efectos de las sentencias a favor de todos los consumidores, se practiquen políticas de acceso al consumo que garanticen la satisfacción de necesidades básicas de los ciudadanos, se establezcan mecanismos eficaces para la compensación de daños, se promuevan precios justos, se incorpore la educación para el consumo a los programas de educación formal primario y secundario (previsto en la ley provincial Nº 12.072 B.O. 20/12/02, hasta ahora nunca implementada).

La efectividad de la defensa de los consumidores no queda asegurada por el mero reconocimiento de derechos, por lo que se hace necesario la ejecución de políticas y acciones tendientes a implementar mecanismos instrumentales que garanticen la concreción real y efectiva de la protección del consumidor.

Debemos adoptar un rol activo en la defensa de nuestros derechos, las herramientas son aún insuficientes, a la vez que hace falta un compromiso más pleno de todos los involucrados.

(*) Presidente de la Red Argentina de Consumidores

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