Rosana Martins transitó 19 tormentosos años para lograr que la obra social le cubriera la
operación que mitigara la epilepsia de su hijo Maximiliano. Superada por la situación, presentó un
recurso de amparo en el juzgado federal y así logró que la cirugía se realizara y Maxi no sufriera
más convulsiones. Esta es sólo una de las miles de historias que ingresan a la Justicia Federal con
el afán desesperado de lograr las coberturas que están incluidas en el Programa Médico Obligatorio
(PMO), que como reza su nombre son “obligatorias”, pero el costo de los tratamientos
hace que muchas obras sociales y prepagas miren para otro lado. El tema tomó tal magnitud que hoy
casi el 40 por ciento de las medidas cautelares que se presentan en esos estrados tienen que ver
con la falta de cobertura de salud
Desde los dos juzgados civiles federales que hay en Rosario aseguraron
que desde el 2007 al 2009 las causas que ingresaron solicitando cobertura médica aumentaron
considerablemente. En el Nº 1, a cargo de Héctor Zucchi, detectaron que este año el 25 por ciento
de las medidas cautelares recepcionadas fueron relativas a cuestiones de salud. En tanto, en el Nº
2, a cargo de la jueza Sylvia Aramberri, ese tipo de amparos trepó al 50 por ciento.
Las cifras lo dicen todo: mutuales, obras sociales y prepagas no
reconocen los derechos de los afiliados. Por el contrario, conocen al dedillo cuál es la mejor
manera de evadir la cobertura de los tratamientos.
Luego de interminables discusiones, trámites, peleas y lágrimas, los
familiares recurren a la Justicia como última esperanza. De allí que aumenten año a año los amparos
por falta de cobertura de salud. Una vez en los estrados judiciales, la mayoría de los demandantes
gana los juicios, ya que los tratamientos, medicamentos o lo que necesiten los pacientes, están
incluidos en el PMO.
Injusticia. En el juzgado Nº 2 explicaron que los “amparos salud”, así llamados en
la jerga judicial, involucran “actos de obras sociales y empresas de medicina prepaga que
restringen, alteran u amenazan principalmente el derecho a la salud, la vida y la integridad
psico-física de las personas”.
El número de casos viene en franco aumento desde el año 2007. Muchos
culminan antes de que se dicte la sentencia de fondo por conciliaciones efectuadas a instancia del
tribunal, allanamientos de las obras sociales y satisfacción íntegra en la etapa cautelar.
En el juzgado Nº 1 señalaron que “dada la urgencia de estos
procesos, se inician no sólo los días hábiles sino también en fechan inhábiles, e incluso requieren
de la habilitación de las ferias judiciales”.
“Es una preocupación el notable incremento de causas de este tipo,
lo que da cuenta del incumplimiento por parte de las obras sociales y empresas de medicinas
prepagas de las prestaciones contempladas en el PMO y de la cobertura integral para las personas
con discapacidad (ley 24.901) y para pacientes portadores de VIH (ley 23.798)”, destacó
Aramberri.
Las medidas cautelares que se presentan exigen la cobertura de un
sinnúmero de prácticas que van desde cirugías y tratamientos por discapacidad, oncológicos, hasta
medicamentos para pacientes trasplantados, bolsas de colostomía, tiras reactivas para la diabetes y
sepulturas. Detrás de cada expediente hay una familia que la pelea y una persona que depende de los
resultados para vivir. Y muchas obras sociales, mutuales y prepagas optan por hacerles transitar
una dura batalla judicial. l
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Q pedazo de h..de p...! Como c ve q ellos no necesitan ningun tratamiento ni sus familiares tampoco.Como dice el dicho ¨el barbudo le da pan ...a quien ...
ROMUALDO si sos empresario y no crees poder cumplir con lo que te tenés que comprometer por ley, no pongas una Obra Social!!! Porque es el negocio de la salud... no es joda!!!
Curioso que incluso en esta nota, este tipo de tratamientos no sea mencionado, porque hay muchos recursos de amparo a O.S. sobre este tema...
También es obligación de las Obras Sociales cubrir los tratamientos de rehabilitación de adicciones. Si son duros para pagar una cirugía o un medicamento, imeginen el calvarios de estos padres...
Romualdo.Que se cumpla el PMO ni mas ni menos...
LOS JUECES LO QUE HACEN ES SENTENCIAR PARA EL MAS DEBIL Y NO HACEN JUSTICIA, LOS AMPAROS NO TIENEN EL AVAL CIENTIFICO NECESARIOS Y ESTO ES CORRUPCION
LAS OBRAS SOCIALES SON UNA EMPRESA COMO CUALQUIERA Y DEBEN TENER UN BALANCE QUE CIERRE, NO ES VERDAD TODO LO QUE ACA SE DICE
LOS JECES DEBERIA AVALAR CIENTIFICAMENTE UN RECURSO DE AMPARO Y NO LARGARLO COMO SI NADA Y SIN CONOCIMIENTOS MEDICOS
SI LAS OBRAS SOCIALES TUVIERAN QUE AUTORIZAR TODOS LOS PEDIDOS INDISCRIMINADOS DE LOS MEDICOS ESTARIAN TODAS FUNDIDAS
Con respecto a las obras sociales de origen Sindical tengo entendido que los montoburgueses KK y Moyano ¨ADMINISTRAN¨3000 millones en el APE(Fond.Salud)¿que se puede hacer?¡POR FAVOR¡
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