No resulta fácil explicar cómo en este siglo, después de varias décadas de gobiernos democráticos en América latina, se pudo dar un golpe de Estado al estilo clásico en la República de Honduras el 28 de junio de 2009.
Es lógico que un cambio de régimen no tenga sólo una explicación, sino que puede estar motivada por una serie de hechos que culminaron con el golpe. Honduras es una de los países más pobres del mundo. El Producto Bruto Interno (PBI) es de 13.000 millones de dólares. El Ingreso per cápita es de 1.717 dólares. La tasa de desempleo es de 28 por ciento.
La crisis económica mundial repercutió fuertemente en Honduras. Con la intención de aliviar los efectos externos, el presidente Manuel Zelaya subió el salario mínimo al nivel del costo de vida (250 dólares), se renovaron las licitaciones para la compra de medicamentos y solicitó a las empresas de petróleo reducir el precio de importación. En 2007, Honduras fue duramente golpeada por el alza récord de los precios del petróleo. El país importa todo el combustible que consume y carece de capacidad de refinamiento y almacenamiento. Cuatro compañías controlaban el mercado: Chrevron, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell y la local Dipsa. Ante el aumento de los precios de los combustibles a nivel internacional, el presidente Zelaya racionalizó el consumo y aumentó el precio de la electricidad. En 2007, Zelaya decretó un recorte de los precios del combustible que trajo como consecuencia una reducción en el suministro. Frente a estas alternativas, el presidente recurrió al petróleo ofrecido por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que resultaba mucho más económico. Honduras ingresó al programa Petrocaribe y el Congreso aprobó esta decisión en marzo de 2007 dejando de lado a los proveedores antes mencionados. Desde entonces este programa le ha ahorrado al gobierno de Honduras 125 millones de dólares (The Wall Street Journal Américas. Buenos Aires, 27 de julio de 2009, pág. 3).
El presidente Manuel Zelaya quería ser reelecto para un nuevo período de cuatro años. Como en muchos otros países, la constitución de Honduras no lo permitía (artículo 239). La constitución nacional sólo puede modificarse a través del Congreso nacional (Art. 373). Si se logra ese objetivo, el artículo 374 establece que es inmodificable el artículo que se refiere a la reelección. Se sanciona a los funcionarios que tomen esa iniciativa (reelección) con el cese inmediato de sus funciones y quedan inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública.
De acuerdo a esta normativa, el presidente Manuel Zelaya proponía un referéndum no vinculante para que el pueblo se expresara sobre el posible cambio de la constitución nacional.
La corte suprema declaró ilegal el referéndum, dejó cesante al presidente Zelaya y ordenó a las fuerzas armadas que actuaran en consecuencia. En cumplimiento de esas instrucciones las fuerzas armadas, en horas nocturnas, detuvieron al presidente y lo deportaron a Costa Rica.
Las motivaciones políticas del golpe de estado quedaron expresadas por el presidente de facto, Roberto Micheletti, en un entrevista concedida a la prensa argentina. El periodista le pregunta: "¿Cuáles fueron las causas del golpe de Estado: la corrupción, la convocatoria a la asamblea constituyente o intentos de cambios sociales?". Micheletti contesta: "Lo sacamos por su izquierdismo y corrupción. El fue presidente liberal como yo. Pero se hizo amigo de Daniel Ortega, Chávez, Correa y Evo Morales. Se fue a la izquierda, puso toda gente comunista, nos preocupó" (diario Clarín, 30 de setiembre de 2009, página 20).
En la misma entrevista Micheletti expresa que "nuestro único error fue sacarlo, (al presidente Manuel Zelaya), como lo sacamos. En el resto actuamos con la ley. El violaba la constitución al buscar una constituyente para su reelección. Si lo deteníamos y dejábamos aquí, hubiera habido muertos. Se lo sacó del país pero ahora volvió".
Debe recordarse que en San Pedro Sula (Honduras), 25 días antes, la Organización de Estados Americanos, en su 39 Asamblea General, había aprobado por unanimidad la resolución por la cual se dejaba sin efecto la resolución del mismo organismo adoptada el 31 de enero de 1962 por la cual se excluía a la República de Cuba del sistema interamericano por su adhesión al marxismo-leninismo.
(*) Director de la maestría en integración y cooperación internacional de la Universidad Nacional de Rosario
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