El gobierno de Macri prometió no demoler la Villa 31 "sin consentimiento" de los vecinos
Funcionarios del gobierno porteño prometieron hoy a delegados de los habitantes de las villas 31 y 31 bis de Retiro que no se ordenarán demoliciones de viviendas, con alturas de entre tres y seis pisos, “sin el consentimiento” de los vecinos.
Buenos Aires.- Funcionarios del gobierno porteño prometieron hoy a delegados de los habitantes de las villas 31 y 31 bis de Retiro que no se ordenarán demoliciones de viviendas, con alturas de entre tres y seis pisos, “sin el consentimiento” de los vecinos.
“No está prevista ninguna demolición parcial o total sin el consentimiento de los habitantes”, explicó la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, que participó esta tarde de una reunión con 33 referentes sociales del asentamiento.
La administración de Mauricio Macri afirmó que la “prioridad” en la villa es “el recupero y la puesta en valor de su espacio público” para “mejorar la calidad de vida” de los habitantes.
Los funcionarios prometieron, “en el corto plazo”, implementar un programa para solucionar “problemas de presión en la red de agua”, remodelar los espacios verdes de distintos sectores del barrio, garantizar “el alumbrado y asfalto de las principales calles” y ampliar la sala de auxilios médicos.
“Todos estos objetivos han sido establecidos mediante el diálogo con referentes y vecinos de los asentamientos en el marco de la Mesa de Trabajo”, comentó el ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo.
Según el funcionario, el recupero del espacio público busca “evitar futuras usurpaciones y poner fin al incremento de construcciones irregulares en altura de alto grado de peligrosidad para sus habitantes, vecinos y peatones”.
En un comunicado, el gobierno porteño anunció que “en los próximos días” funcionarios del Ministerio de Ambiente se reunirán con “quienes habitan cada una de las cincuenta viviendas” consideradas “irregulares” porque su altura va de tres a seis plantas.
En los próximos encuentros se analizarán “cuáles son los defectos estructurales de cada una de estas construcciones, así como el grado de riesgo de derrumbe que presentan y qué consecuencias tendría éste sobre las edificaciones cercanas”.
También será convocado, tal como pidió la Justicia porteña, un perito de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal para analizar si las construcciones requieren ser apuntaladas o refaccionadas.
“Sólo en último caso”, aclaró el gobierno porteño, se recurrirá a “la demolición parcial o total, así como al alojamiento provisorio de los evacuados, de la manera que menos traumática resulte”.
Por último, los funcionarios confirmaron la realización, “después de Semana Santa”, de un censo para conocer cuántas personas viven en la villa
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