Con la muerte del albañil Miguel Sequeira, el sábado a la noche, seis de las doce muertes por accidentes laborales ocurridas este año en Santa Fe tuvieron como escenario obras en construcción de Rosario. Se trata de hechos que están bajo investigación judicial pero que hasta el momento no arrojaron resultados.
Sólo en una de las causas, que se tramitan en cuatro juzgados correccionales y uno de Instrucción, hay un profesional imputado. Esto implica que el juez presume que tuvo responsabilidad en el accidente pero las pruebas aún son insuficientes.
De los expedientes abiertos, tres fueron tipificados bajo el delito de homicidio culposo y el restante de estrago culposo, ya que en ese caso hubo dos muertos en el mismo accidente.
Cadena de roles. Los jueces que investigan las cinco muertes anteriores a la de Sequeira dieron a La Capital apenas algunos indicios, con generalidades técnicas, de cómo se están tramitando las causas en las cuales se tratan de acumular pruebas para atribuir responsabilidades por los fallecimientos.
"Los roles dentro las obras están bastante bien definidos y los protocolos de trabajo en higiene y seguridad, también. No debería resultar tan complejo hallar a los culpables con esta cadena de responsabilidades", dijo en voz baja un funcionario de los Tribunales de Rosario.
Uno en cinco. La única causa en la que parece estar encaminada la hipótesis del accidente es la que investiga el fallecimiento de Mariano Almaraz, ocurrida en una obra de Viamonte 1311 el pasado 13 de mayo.
El juez Correccional Nº 6, Adolfo Claverie, recibió una pericia de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) realizada en el pozo de la obra donde cayó el albañil y a partir de ese informe se ampliarán las declaraciones.
El fiscal de la causa, en la que está imputado un profesional vinculado con la constructora, es Norberto Picca.
Otra de las causas se refiere a la muerte de Leonardo Meza, un operario de 20 años que el pasado 21 de agosto cayó de un séptimo piso de un edificio de 9 de Julio y Dorrego. En este caso, parece poco usual que a 17 días del hecho el Tribunal todavía siga con "las actuaciones en trámite en sede policial, con la supervisión judicial".
La investigación por esa muerte está a cargo del juez Correccional Nº 9, Héctor Núñez Cartelle, desde donde sólo se limitaron a decir que "se han recibido declaraciones de testigos e informes varios", pero no hay imputados. Entiende en esta causa la fiscal Nº 12, Elida Rivoira.
En otro de los hechos, el juez Correccional Nº 7, Juan Carlos Curto, investiga la muerte de Juan García, un operario de 47 años que el pasado 20 de mayo cayó desde una altura de aproximadamente seis metros mientras trabajaba en la ampliación de una fábrica que está ubicada en Biedma 7257.
El magistrado actuante convocó a declarar a dos empleados que eran compañeros de la víctima. En este caso, en el que entiende la fiscal Nº 11, Graciela Argüelles, tampoco hay imputados hasta ahora.
Más complejo. Tal vez al quedar tipificado como estrago culposo, el caso de Isael Ortigoza (20) y Héctor Jara (27), resulte más complejo.
La jueza de Instrucción Nº 5, María Luisa Pérez Vara, intenta determinar qué pasó el 15 de mayo, cuando se derrumbó un encofrado del edificio en el que trabajaban los operarios, en la esquina de Santiago y Urquiza.
Si bien en este expediente tampoco hay imputados, surgen como sospechosos de alguna responsabilidad empleados de la empresa a quienes ya se les tomó declaración. Además se designó un perito técnico para elaborar un informe.
Por otra parte, resulta alentador que el gremio de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) se haya constituido como parte interesada para aportar asesoramiento en la pericia. La fiscal Nº 10, María de los Angeles Schapapietra, revisa el expediente.
Predisposición. La aprobación de la ley de comités mixtos (trabajadores y empresas) en el ámbito laboral, la predisposición del Estado a terminar con los casos de corrupción enquistados en el Ministerio de Trabajo y la autocrítica de arquitectos, ingenieros y empresarios serán aspectos fundamentales para comenzar a impedir este tipo de tragedias laborales en la provincia de Santa Fe.
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