Córdoba.- El Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba condenó a prisión perpetua en cárcel común al represor Luciano Benjamín Menéndez por el secuestro, tortura y muerte en 1977 de cuatro jóvenes militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores. En su alegato final el ex jefe del III Cuerpo de Ejército reivindicó la represión que comandó desde Córdoba durante la última dictadura y argumentó que se llevó a cabo para evitar “el asalto de la subversión marxista”, tras lo cual aseguró que “los guerrilleros de los '70 están hoy en el poder”.

El represor Luciano Benjamín  Menéndez fue condenado hoy a prisión perpetua por violaciones a los derechos humanos en la “causa Brandalisis” y le fue revocada su prisión domiciliaria. Menéndez será trasladado a una dependencia carcelaria  dependiente del Servicio Penitenciario. Militantes de derechos humanos que se encuentran en las  afueras de los Tribunales recibieron con muestras de alegría la condena.

Antes de escuchar la sentencia por parte del Tribunal Oral  Federal número 1 por el secuestro, torturas y asesinato de cuatro  personas a fines de 1977, Menéndez repitió el discurso que brindó en  las primeras audiencias del juicio iniciado el 27 de mayo, en el  que comparte el banquillo junto a otros siete acusados.

A 31 años y siete meses de los hechos juzgados, a las 16.30 de  hoy la Justicia Federal de Córdoba se expedirá por primera vez  sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la  dictadura en esta provincia.

Menéndez dijo que hoy los involucrados en Montoneros o el  Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) “niegan sistemáticamente la  guerra contrarrevolucionaria y llaman represión ilegal a los  esfuerzos defensivos de las fuerzas legales”.

Según Menéndez, Argentina ostenta el “dudoso mérito en ser el  primer país que juzga a sus soldados victoriosos, que lucharon y  vencieron por orden de y para sus compatriotas”.

“Los Argentinos sufrimos una guerra”, insistió, y luego  arremetió contra el Gobierno al destacar que “confío en que los  guerrilleros del '70, hoy en el poder, no puedan consumar su propósito de  imponernos su régimen autoritario”.

Al avanzar sobre su reivindicación de la represión que comandó  en Córdoba y otras nueve provincias durante la dictadura sostuvo  que fue para evitar “el asalto de la subversión marxista” que  buscaba arrancar “el alma de nuestro pueblo”.

Menéndez, quien aseguró que los guerrilleros “asesinaron a  1.500 personas”, de las cuales, dijo, “60 por ciento (eran) de las  fuerzas de seguridad y 40 por ciento civiles”, y que cometieron en  total “21.600 atentados, 6 ó 7 por día” en una década.

Durante las palabras de Menéndez, la ex candidata a intendenta  de Córdoba por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS),  Leticia Celli, y una joven que la acompañaba fueron retiradas por  la Policía Federal por reclamar a viva voz que interrumpieran la  argumentación que llevaba a cabo Menéndez.

“Genocida. ¿Hasta cuándo van a dejar hablar a los genocidas?”,  gritaba Celli, también abogada del Centro Profesional por los  Derechos Humanos (CEPRODH).

Tras las palabras de Menéndez, el resto de los acusados negó  nuevamente los hechos tratados en el juicio y proclamó su  inocencia.

Tal como habían dicho sus abogados, los acusados señalaron que  no fueron vinculados directamente a los delitos de lesa humanidad  expuestos en el proceso de los que fueron víctimas Hilda Flora  Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Lajas y Raúl Cardozo.

Sólo Acosta, el ex jefe operativo del campo de concentración  La Perla, que tiene defensores particulares, optó esta vez por no  hacer uso del derecho a la última palabra antes del fallo.

Rodríguez, ex segundo jefe del Batallón de Inteligencia 141,  del que dependía el grupo que manejaba La Perla, dijo que las  fuerzas militares actuaron “en legítima defensa de la Nación” y según  el “Código Militar”.

Además, dijo que su accionar dependió de su superior, el  fallecido teniente coronel César Anadón, y aseguró que no conocía a las  víctimas ni supo de los hechos hasta que fue indagado por primera  vez el 23 de setiembre de 2003.

Luis Manzanelli sostuvo que tampoco conocía a las cuatro  víctimas y reiteró su inocencia, mientras Carlos Vega, ex administrador  del centro clandestino de detención, dijo: “No soy un asesino, yo  nunca maté en mi vida, no he torturado ni tampoco hice maltrato a  persona alguna”.

Carlos Díaz y Oreste Padován reconocieron la tarea de sus  defensores y negaron los hechos, tras lo cual, Ricardo Lardone, el  único de los imputados que fue personal civil de inteligencia, dijo  que era inocente y aseguró que ninguno de los testigos consiguió  vincularlo con los delitos sufridos por las otras víctimas.

Los fiscales habían pedido prisión perpetua para Menéndez,  Luis Manzanelli, Carlos Díaz, Oreste Padován y Ricardo Lardone; 18  años para Carlos Vega; y 22 años para Hermes Rodríguez y Jorge  Acosta. (DyN)