¿Qué lleva a gente muy pobre a abandonar sus humildes casas en los barrios para acampar durante días y días en una plaza del centro? ¿La mera necesidad? ¿Una conciencia militante? ¿La cultura del asistencialismo como único resguardo? ¿La solidaridad que crea organizarse entre pares? Difícilmente haya una sola respuesta, pero LaCapital quiso al menos conocer con qué "conquistas" terminó, luego de 34 días, el último acampe en plaza San Martín. Por lo que reivindican sus protagonistas, se trata sobre todo del ingreso a programas sociales que ya existían, pero a los que por distintos motivos muchos no habían accedido. Lo que ellos llaman "dejar de ser invisibles".

Según los datos en poder de las tres organizaciones que nuclearon a los manifestantes del acampe —Pueblos Originarios en Lucha, Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Comedores Independientes—, esos beneficios alcanzarán en mayor o menor medida a unas 1.500 familias de distintos barrios de la ciudad.

Les falta aún afinar muchos detalles de esos planes con los representantes de los tres niveles de gobierno con que negociaron a lo largo del acampe. Luego prometen hacer reuniones de delegados y asambleas por barrios.

La distribución de los beneficios, es fácil imaginarlo, no será nada simple. Para dato basta saber que los acampantes se tomaron "asistencia" mutuamente y que tendrá más derecho al pataleo quien más dijo presente.

En números gruesos, el dirigente de la CCC Eduardo Del Monte contabiliza que el acampe culminó con la promesa de asignar 600 becas provinciales para la escolaridad primaria y secundaria (600 pesos anuales por alumno), más otras tantas del programa Volver a la Escuela (350 pesos, 50 por mes).

También incluye la creación de 105 puestos laborales en cooperativas para la construcción de la tercera etapa del Plan Federal de Viviendas, en Villa Cariñito. Hasta que esos fondos nacionales lleguen, el municipio podría asignar tareas en el ámbito de obras públicas.

Otro beneficio consistirá en formar 15 equipos (de cuatro personas) destinados a trabajos en higiene urbana. El municipio ofrecerá la logística y la Nación, herramientas. Esas tareas se desempeñarán durante cuatro horas tres días a la semana, más otra jornada de capacitación en oficios, por lo que se pagarían respectivamente 400 y 50 pesos a lo largo de nueve meses.

Además, se abrió el ingreso al Programa de Emergencia Comunitaria para desocupados, por 150 pesos al mes, y se tramitarán pensiones 5.110 para madres solteras, discapacitados y mayores de 60. Habrá posibilidad de acceder a emprendimientos asociativos que manejan los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social de la Nación.

En cuanto a ayuda material directa, se entregarán 1.500 kits para el invierno (frazadas, buzos, zapatillas) y 3.000 bolsones de víveres secos.

No cabe duda de que el acampe de este año (como el del anterior) no se granjeó la simpatía de la mayoría de vecinos del centro ni de los comerciantes, y tampoco saldrá gratis. Aunque esta vez el equipamiento urbano no sufrió daños, arreglar la plaza costará unos 50 mil pesos.

Pero también parece evidente que gente desamparada que no accedía a beneficios sociales creados para atender casos como los suyos (becas y pensiones, entre otros) podrá al fin obtenerlos. Es cierto que mediante una estrategia de fuerte presión que el propio intendente Miguel Lifschitz llegó a tildar de extorsiva.

¿Por qué después del acampe y no antes? Es una pregunta que en gran medida interpela al Estado. Y que quienes acamparon contestan: "Nosotros no queríamos molestar, pero es la única forma que encontramos para no ser invisibles".