La Paz. — La situación política boliviana se parece cada día más a una película de suspenso con un final abierto sobre el cual nadie se atreve a apostar. Tras el referendo autonómico de la oriental provincia de Santa Cruz, el pasado 4 de mayo, que dio un triunfo a la oposición al gobierno izquierdista de Evo Morales, buena parte de los analistas estimaron que las partes en conflicto estaban empatadas y casi obligadas a dialogar.

De hecho, el gobierno convocó a los prefectos o gobernadores de las provincias a abrir una conversación, con el objetivo de llegar a un acuerdo entre las demandas de autonomía de algunas regiones y la nueva Constitución, aprobada sólo por el oficialismo y rechazada por la oposición. Pero no. Imprevistamente el Senado, dominado por la oposición, aprobó esta semana una ley que dormía hace meses para convocar a un referendo revocatorio de los mandatos del presidente, vice y los nueve prefectos, el 10 de agosto.

Incierto resultado. ¿El objetivo de la jugada política? No hay quién lo entienda del todo. Algunos observadores estiman que, tras el referendo de Santa Cruz, la oposición se sintió lo suficientemente fuerte para intentar voltear a Morales, apuntando a una supuesta creciente impopularidad de su gobierno. Sin embargo, otros creen que el referendo se puede transformar en un verdadero bumerán para quienes lo promovieron.

En parte, porque para revocar el mandato de Evo se requiere una amplia votación en su contra equivalente al 53,75 por ciento de los sufragios que le permitieron llegar al poder en diciembre de 2005. Y no hay ninguna certeza de que el gobernante se encuentre en ese nivel de debilidad.

Por otro lado, los gobernadores, para mantenerse en sus cargos, necesitan obtener una aprobación igual a la que lograron cuando fueron electos. Pero, varios de ellos, particularmente de oposición, corren el riesgo de ser desbancados. Entonces, la situación podría volcarse más a favor de Evo que en su contra.

Tercera vía. Una tercera opción es que finalmente el referendo revocatorio no se lleve a cabo, si es que las fuerzas políticas se dan cuenta de que no conducirá a ninguna parte. En esa instancia volvería a cobrar fuerza la opción de buscar un entendimiento. En este momento todos tienen algo que negociar: el gobierno puede acceder a ciertas demandas de las provincias y éstas, con ciertas modificaciones, pueden llegar a apoyar la nueva Constitución. La otra alternativa, lamentablemente la más común en Bolivia, sería seguir en un diálogo de sordos sin resultado previsible.