El gobierno de Entre Ríos les arrendó 111 mil hectáreas de tierras fiscales para la explotación ganadera a 108 productores, 35 de los cuales son santafesinos. Esta práctica permite que ingresen a las arcas entrerrianas 5.328.000 pesos al año. Para el secretario de Medio Ambiente de Santa Fe, César Mackler, esa normativa "tiene un neto corte economicista".

"Hay una quema indiscriminada y a gran escala. No se pueden meter 190 mil cabezas en las islas porque es imposible que no haya un impacto ambiental, por el fuego y el exceso de nitrógeno que produce en los humedales la materia fecal de las vacas. A esto habría que agregarle el riesgo sanitario que produjeron las 30 mil cabezas de ganado que murieron cuando creció el Paraná", sostuvo Mackler.

Según un informe del Taller Ecologista de Rosario, organizado en conjunto con ONGs entrerrianas, Entre Ríos contribuyó a la modificación del uso de los humedales a través de la promoción del Régimen de Arrendamientos de Islas Fiscales. La ley 9.603 fue sancionada en diciembre de 2004 y promulgada un año después por decreto 9.695 por el entonces gobernador Jorge Busti.

Para el departamento Victoria se dispusieron 130 mil hectáreas, de las cuales 111 mil ya fueron arrendadas. En su cuarto artículo, la norma establece que los predios se destinarían a actividades ganaderas, apícolas y servicios turísticos, quedando prohibido el uso para la explotación agrícola intensiva que requiera la aplicación de agroquímicos o plaguicidas.

Según recuerda el Taller Ecologista, los contratos suscriptos entre Entre Ríos y quienes se incorporaron al sistema de arrendamientos que estipula la ley 9.603, establecen taxativamente la prohibición de "desmonte, tala o quema de pastizales y todo tipo de forestación". Paradójicamente, la ley provincial 9.291 establece las pautas para la quema y delega la competencia a la Dirección de Recursos Naturales para determinar cuándo puede efectuarse.

El Taller Ecologista acercó a LaCapital copia del listado de los arrendatarios de tierras fiscales en las islas victorienses y acompaña a esta nota un extracto de los productores santafesinos.

La cuota de arrendamiento anual se fijó por el valor del kilo vivo de novillo por hectárea. Un cálculo que le representa a las arcas del Estado entrerriano 5.328.000 pesos, que se coparticipan en un 40 por ciento al municipio de Victoria.

En la zona victoriense de humedales hay 108 lotes arrendados, entre los cuales se habrían desatado los 16 focos de incendio que ya fueron detectados por sistema GPS y denunciados por los funcionarios entrerrianos. Una vez que se notifique a los culpables, deberán pagar multas que van desde los 500 pesos a los 10.000 pesos. ¿Esto detendrá las quemas?