Política
Sábado 28 de Mayo de 2016

Condenaron con 20 años a Reynaldo Bignone y otros 14 militares en el juicio por el Plan Cóndor

El TOF1 sentenció a 15 ex militares por delitos cometidos en los 70, en el marco de la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur

El Tribunal Oral Federal Nº1 condenó ayer al último presidente de facto, Reynaldo Bignone, y a otros 14 ex militares por la desaparición de más de un centenar de personas en el marco de la represión coordinada entre las dictaduras sudamericanas conocida como Plan Cóndor.

Bignone, de 88 años y quien cumple varias condenas por crímenes de lesa humanidad, fue sentenciado con 20 años de cárcel, mientras que Santiago Omar Riveros (ex comandante de Institutos Militares) recibió 25 años de prisión.

Las condenas —por delitos como asociación ilícita y privación ilegal de la libertad agravada— se dieron en el proceso que investigó el complot de las dictaduras latinoamericanas para detener a opositores que cruzaban las fronteras de sus países y un tramo del expediente por lo sucedido en el centro clandestino de detención Automotores Orletti.

También fueron condenados a 25 años de prisión un oscuro personaje de la Side, Miguel Angel Furci, por su actuación en el centro clandestino, y el uruguayo Manuel Cordero Piacentini. Además, el TOF 1 impuso 20 años de cárcel al ex director de la Escuela de Caballería y ex jefe del área militar 430 Rodolfo Emilio Feroglio y 18 años al ex jefe de Regimiento Patricios Humberto José Román Lobaiza.

Hubo condenas más leves para otros militares: 13 años para Enrique Braulio Olea, Antonio Vañek y Eugenio Guañabens Perelló; 12 para Luis Sadi Pepa, Carlos Caggiano Tedesco, Felipe Jorge Alespeiti y Néstor Horacio Falcón, y 8 años para Federico Antonio Minicucci.

Fueron absueltos Avelino Rodríguez y Carlos Tragant.

Los jueces Adrián Federico Grünberg, Oscar Ricardo Amirante y Pablo Gustavo Laufer y el juez sustituto Ricardo Angel Basílico comenzaron en 2003 este juicio oral donde había inicialmente 32 acusados, de los cuales solo 17 llegaron vivos al momento del fallo.

El dictador Jorge Rafael Videla era uno de los protagonistas del juicio, pero falleció en mayo de 2013.

En su carácter de presidente, Amirante escuchó las últimas palabras de los imputados que faltaban y citó a las partes para las 17 para dar a conocer el veredicto.

Periodistas de diversas partes del mundo llegaron hasta los Tribunales de Comodoro Py 2002 para cubrir la noticia (ver aparte), mientras representantes de organismos de derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo, se ubicaron entre el público para conocer el resultado del debate. También estuvo presente la nieta recuperada del escritor Juan Gelman.

"Se hizo justicia", dijo Taty Almeida, de Madres Línea Fundadora, cuando se retiraba del edificio.

"Es un fallo muy bueno, con condenas muy altas", dijo por su parte Luz Zaldúa, abogada querellante tras el cierre del juicio, y agregó: "Estableció que el Plan Cóndor fue una asociación ilícita supranacional, lo que es importante no sólo para el país sino para todos los países que han sido parte de la operación".

Unos pocos ex militares estuvieron en la audiencia. Los acusados se declararon inocentes y apelaron al mismo argumento que otros represores en juicios de lesa humanidad: no reconocen a la Justicia civil y aducen que su accionar se dio en una guerra antisubversiva.

Los fundamentos del fallo serán dados a conocer el 9 de agosto.

Archivo del terror. Parte del entramado del Plan Cóndor salió a la luz por la desclasificación de documentos del Departamento de Estado de EEUU y del denominado Archivo del terror, de Paraguay, además de expedientes de la inteligencia militar de Argentina y Chile, entre otros.

Entre estos documentos fue hallada el acta de fundación del Plan Cóndor, el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile, durante la clausura de la llamada Primera Reunión de Inteligencia Nacional. Impulsado por el dictador Augusto Pinochet, que fue rubricado por representantes de inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. Luego se sumó Brasil.

Como primer paso, las dictaduras crearon una base de datos común con información detallada sobre los movimientos guerrilleros, partidos de izquierda, sindicalistas, religiosos, políticos liberales y de todo aquel que se considerara una amenaza para los regímenes.

Una vez procesada esa información, se procedía al secuestro y detención ilegal del disidente, que podía ser entregado o no a su país de origen para su posterior desaparición. Dos casos emblemáticos fueron los de María Claudia García Iruretagoyena y Marcelo Gelman, hijo del poeta Juan Gelman.

La pareja fue secuestrada en Buenos Aires y confinada en el centro clandestino Automotores Orletti, que según se determinó en otro juicio funcionaba bajo la órbita del Plan Cóndor. Gelman fue asesinado de un tiro en la nuca y su cuerpo escondido dentro de un tambor relleno con cemento, pese a lo cual sus restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en 1989.

En tanto García Iruretagoyena, embarazada de siete meses, fue trasladada a Uruguay, donde dio a luz a una niña que le fue arrebatada. La mujer permanece desaparecida, mientras su hija recuperó su identidad en 2000 y ayer estuvo presente en el juicio.

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