Opinión
Lunes 10 de Octubre de 2016

Con carátula de escándalo

Polémica en puerta. El controvertido contrato entre YPF y Chevron no es un convenio entre una compañía estatal y otra multinacional, sino un préstamo entre empresas offshore. Ojalá alguien aclare con presteza que no es así.

Sin hesitación postulo que se trata de una definición del todo trascendente la que los supremos estamparon en el fallo del 10 de noviembre de 2015 que, como suele acontecer con frecuencia, pasó desapercibida. En ese fallo la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que el contrato entre YPF-Chevron se hiciera público, entre otras razones, porque "el derecho al acceso a la información es del pueblo y no del gobierno".

Para que el lector se ubique estamos hablando de información por la que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y luego también el de Mauricio Macri lucharon con tenacidad para que no viese la luz pública con variados argumentos que, sin embargo, no alcanzaron para menguar con razón extraordinaria ninguna, lo que la Corte Suprema de Justicia dictaminó de modo definitivo: la información pública pertenece al pueblo y no al gobierno.

Queda ahora en manos de los periodistas, investigadores, analistas y ciudadanos todos hacer valer este derecho —reclamar y pelear por él, si hiciera falta— pero, principalmente, en la de los gobernantes respetarlo y, más serio aún, no vilipendiarlo o utilizarlo conforme su conveniencia de momento.

Permítaseme a esta altura una digresión. Entre jueves y viernes asistimos a una catarata de tuits del concejal rosarino Jorge Boasso. Diciendo que el amparo que presentó en un juzgado le había sido concedido y que la titular del mismo concedía cinco días para que el Senado provincial suministrara la información requerida.

Boasso, con todo el derecho que le asiste como ciudadano del pueblo argentino y sólo por la condición de tal que la Corte Suprema de la Nación acaba de ratificar, felizmente, quería saber —así lo dijo en el programa de Jorge Lanata— cómo y cuánto dinero los senadores santafesinos manejaron en distribución de subsidios.

El concejal dijo también por la misma red social que su incursión en la televisión nacional fue obligada ante el silencio de la prensa santafesina, atribuyendo de modo indirecto cierta connotación de complicidad a esa supuesta actitud según podría desprenderse de sus tuits. Frente a ello, personalmente, indagué en el juzgado en cuestión, entre senadores de las distintas bancadas y llegué a una conclusión que no es la misma a la que arriba el doctor Boasso con quien no es mi intención polemizar de ninguna manera.

Sino pedirle el favor de que ayude a todos los que desde hace muchos años —entre los que nos encontramos la mayoría de los periodistas— venimos luchando por que el acceso a la información sea la norma y no una excepción graciosa, de un gobernante que funge de generoso. Y que la negativa sea verdaderamente excepcional con una indubitable razón de Estado o cualquier otra que se invoque pero que realmente sea justa para relativizar, insisto de modo extraordinario y único, ese derecho.

Pasa que tal como contó las cosas el concejal, lo que atribuyo yo a la escasez de caracteres a que ciñe la red social que usó, pareciera que la Justicia a raíz de su amparo ordenó a los senadores que le dieran esa información y éstos no sólo incumplieron sino que los periodistas (o al menos algunos) habríamos sido cómplices por acción y omisión. Lo que pude averiguar es que no fue así. Me dijeron que el amparo que el concejal presentó está referido a la demora —no a la información en sí— en la que, según su presentación, habría incurrido el Senado para suministrarle el detalle de los subsidios otorgados por los miembros de esa cámara desde 2012 en adelante. Y que lo que hizo la magistrada es darle ingreso y correr vista. Su capacidad de intervención en otro poder es, además, acotado (cosa que el concejal no desconoce porque es abogado). En Senado aseguran que esa respuesta fue suministrada y que copia de ella será remitida mañana a la jueza, con lo que el amparo devendría en abstracto.

Traigo a colación este ejemplo, que sin desmerecerlo es más de cabotaje, para llamar la atención sobre cómo en la práctica podemos entretenernos en cuestiones (y no porque no esté bien que se pueda saber el destino de cada moneda pública que pase por las manos de un funcionario) igual de importantes pero de una magnitud y capacidad de daño muy inferiores. Como dije más arriba es obligación de los funcionarios que representan al pueblo exigir la información pública y hacerlo como corresponde. Como abogado, Boasso sabe que el juez no puede imponerse en cuestiones políticas no judiciables como lo es la facultad discrecional de conceder subsidios a la que la Constitución no fija requisitos, ni trámites ni condiciones, además la nota por la cual él hace el amparo por mora, diciendo que no se la contestaron y los senadores dicen lo que lo hicieron el 21 de septiembre, según la copia que me fuera exhibida, y él inicia el juicio cinco días más.

Es necesario cuidar —sobre todo quienes tienen responsabilidad en cargos públicos— que el derecho al acceso a la información no quede preso de polémicas por malicia procesal o cualquier otro interés que aparezca subalternizado.

En septiembre de 2013 el senador nacional Rubén Giustiniani envió una nota que, hasta ese momento, él consideró del todo rutinaria. Dirigida al entonces CEO de YPF, Miguel Galuccio, solicitaba en ella que se enviara al Congreso copia del convenio que se había firmado en julio de ese año con Chevron para la explotación de las reservas de gas y petróleo en Vaca Muerta.

El acto de la firma tuvo todos los aspavientos de las grandes ocasiones. El gobierno de CFK tenía el dólar bajo cepo y aun así esa divisa se le escurría del país sin solución de continuidad. Necesitaba dar un shock de confianza política y económica y el contrato para explotar la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo no convencional del mundo con el gigante americano era justo eso que necesitaba. Los kirchneristas se las arreglaron para que el Chairman & CEO de Chevron, John Watson, viniera a Buenos Aires a firmar el convenio con Galuccio (pese a que la firma ya se había efectuado el Houston) y luego se lo llevaran a la presidenta de la Nación en la misma Casa Rosada.

John Watson, presidente de la Corporación Chevron, afirmó que "Vaca Muerta es un activo de clase mundial y se ajusta perfectamente a nuestro sólido portfolio de recursos no convencionales", agregando que el acuerdo "es consistente con nuestro objetivo estratégico de entrar en nuevas y atractivas áreas de forma temprana en el proceso".

Para entonces los tribunales internacionales ya habían condenado a Chevron a una multa cercana a los 19 mil millones de dólares por el desastre ecológico que sus explotaciones produjeran en Ecuador y el presidente Rafael Correa, aliado incondicional del gobierno argentino, calificaba de asesina a esa empresa en cuanto foro podía.

"Esta asociación es estratégica para la compañía y para la Argentina. Estamos poniendo en producción un recurso que puede cambiar el futuro energético de nuestro país", dijo Galuccio luego de rubricar el acuerdo con Chevron en la sede porteña de YPF y subrayó que "los recursos no convencionales requieren de una actividad intensiva, además de inversión, tecnología y capital humano", al tiempo que enfatizó que "este acuerdo es, también, una demostración de confianza por parte de una gran empresa internacional". Ahí estaba la razón política.

La inversión inicial era de 1.240 millones de dólares, que en sus primeras etapas —por las que andaríamos ahora— representarían unos 2.500 millones de esa moneda para explotar en territorio neuquino mediante el sistema de frakking que, traducido más o menos literalmente, significa fracturar. Es decir, romper la roca allí donde el gas arriba y debajo el petróleo están aprisionados desde 3.000 metros de profundidad (por eso no es convencional como el que se saca de pozos muchos más profundos por el tradicional sistema de bombeo) introduciendo agua a presión mezclada con fluidos que van desde ácidos variados, gomas, sales y carbonatos, lo que, pese a que se usa desde la década del cincuenta, ha ido acrecentando la polémica por sus efectos contaminantes, llegándose a prohibir en algunos sitios incluso de EE.UU.

Pasó que Giustiniani se encontró con que Galuccio le respondió que no le enviaría copia del contrato porque al ser la empresa una sociedad anónima no tenía obligación. El legislador recurre entonces a la Justicia y empieza un ida y vuelta en los estrados que comenzó a terminar con el fallo de la Corte Suprema de noviembre pasado para concluir este viernes último, 330 días después, cuando finalmente se entrega una copia del original que está en inglés y una traducción oficial al castellano. En el medio se buscó conformar el pedido con la entrega de copias censuradas (es decir YPF suministró copias en las que previamente había tachado datos), lo que no fue aceptado por la jueza ni luego por la Cámara y finalmente por la Corte. Pero, ¿qué era eso que se buscaba esconder primero negando entregar copia del convenio y luego haciéndolo con sus datos tachados?

Por supuesto que el convenio es una entrega absoluta de soberanía en materia de jurisdicción y no sólo porque el convenio se haya firmado únicamente en lengua extranjera sino porque fue firmado bajo las leyes norteamericanas, fija a los tribunales de Nueva York como jurisdicción y a la Cámara Comercial de París como alzada. A ningún argentino sorprende esto después del sainete con el juez Griesa a quien los mismos que le dieran jurisdicción usaron luego para entretener a la población con propaganda de un chauvinismo berreta.

En el convenio con Chevron aun así había algo más. No sólo los kirchneristas buscaron proteger su secreto sino que el macrismo cuando ascendió al poder y pese a que en campaña mantuvo un reclamo contrario se sumó a la misma conducta. Ahora se sabe y eso que es sólo la carátula de un caso que si se investiga a fondo podría tener ser tanto o más grave que el Petrolao el célebre escándalo con los contratos de Petrobras que le costaron la caída a Dilma Rousseff del gobierno brasileño.

Decimos carátula porque por razones de espacio no se puede avanzar en su maraña de préstamos y garantías, ya que lo que hay no es un convenio entre una empresa estatal YPF y una par multinacional como es Chevron (la que por cierto no aparece en ninguna lado prima facie con lo que si hacen el desastre que hicieran en Ecuador no tendrían responsabilidad ninguna), lo que hay es un préstamo entre dos empresas offshore. Así como lo lee el lector.

La carátula dice textualmente: "Project Investment Agreement —dated as of July 16,2013— between, YPF Shale Oil Investment I, LLC, as Borrower, and Chevron Overseas Finance I Limited, as Lender". La primera es una offshore con sede en Delaware y la segura otra con sede en Bahamas, ambos célebres paraísos fiscales.

Las offshores, como hemos aprendido los argentinos, se hacen para evadir impuestos. Ahora quedan claras las declaraciones de Galuccio cuando dijo que se buscaba que cada dólar que se invirtiera llegara entero y cada dólar que se extrajera también, ¿sería que no se perdiera nada en impuestos para el Estado Argentino, que es el que aporta la riqueza minera y deberá afrontar cualquier daño ambiental que hubiere? También, por esto ¿hay que entender la actitud del gobierno de Macri cuando el ministro Aranguren garantizó la propuesta de un gas en millones btu 2 dólares a boca de pozo y en 2019 llevarlo a 7 pesos para hacer rentable la extracción del gas en Vaca Muerta?

Es fácil presumir que esto recién empieza. No es un convenio de explotación; ¡es un préstamo! Tan así que hablan de prestamista y tomador. ¿Será posible? Ojalá alguien aclare que no es así.

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