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Sábado 09 de Marzo de 2013

Cómo se defiende el derecho a la educación en las escuelas públicas

Por Pablo Imen / Se cuestionan los paros pero rara vez la llegada de programas a las aulas que hacen apología de la economía de mercado

El inicio de clases se complicó por el conflicto abierto a partir de la compleja negociación paritaria docente. Esto ocurrió porque no hubo acuerdo entre los gremios docentes y el Estado nacional a propósito del piso salarial mínimo para todo el país. Se trata de un proceso que continúa, en una segunda etapa, en cada jurisdicción provincial. Ya puede advertirse que esta atribución de las jurisdicciones expresa uno de los aspectos de la fragmentación del sistema educativo formal.

Algunas consideraciones. Primero: a diferencia de lo que ocurre en Europa (o en la Argentina de los años noventa), la discusión no se da en torno a la defensa de los puestos de trabajo, contra las reducciones nominales del salario o por la creciente precarización laboral. Se da en la discusión por la recuperación del poder adquisitivo del salario y tiene a las organizaciones de trabajadores como interlocutores privilegiados. Segundo: desde 2003 se implementó un modelo redistributivo que tiene como rasgo central la discusión abierta entre trabajadores y empleadores (en este caso el Estado) con el objetivo de ir mejorando gradualmente las condiciones de trabajo de los enseñantes. Tercero: la propia lucha por los derechos laborales, se quiera o no, también expresa una pedagogía, que se propone enseñar que es justo pelear por derechos legítimos y que una sociedad democrática debe asumir tales conflictos como parte de la vida social.

Debate. Por supuesto, el tema es delicado porque hay un conflicto que tiene como consecuencia que los niños y jóvenes pierdan días de estudio y este hecho afectaría, de algún modo, al derecho a la educación. Muchas voces que han sostenido posturas neoliberales recuerdan el derecho a la educación cuando los trabajadores ejercen el derecho a la protesta, nunca cuando los edificios destartalados ponen en riesgo la salud de sus habitantes.

La discusión sobre los límites y alcances del derecho a la educación ameritan entonces un análisis más profundo. Los mismos voceros que en otras ocasiones ensalzan las propuestas de mercado, ahora se desgañitan defendiendo a la "escuela pública" sin profundizar qué se entiende por "pública" ni por "escuela".

La omisión de estos debates permite que programas como Junior Achievement (JA), verdaderos arietes de la mercantilización de la vida social, se introduzcan de modo subrepticio en las instituciones públicas haciéndolas menos escuelas y menos públicas.

Este programa introduce en la educación formal —como parte del diseño curricular— la apología de la economía de mercado y la provisión de experiencias de gestión empresarial, como participar en rondas de Bolsas de Comercio u otras iniciativas manageriales. El proyecto es ambicioso y tiene propuestas desde la sala de 5 años, donde se iniciaría la formación de emprendedores según las bases de la economía neoclásica.

El director de Junior Achievement, Eduardo Marty, explicaba como —según su perspectiva ideológica y teórica— se crea la riqueza material a través de un único acto creador: pensando. Y agrega que Junior Achievement "les enseña (a los estudiantes) en quince semanas cómo opera la mente de un entrepreneur que de la nada crea riqueza".

En la Argentina. En los últimos quince años, JA se expandió a más de 120 países, y la Argentina fue generosa en la recepción de esta propuesta: entre 1990 y 2000 se implementaron cursos en 1.682 escuelas, por los que transitaron más de 317 mil alumnos, circulando a 1.220 empresas privadas e incorporando a 4.588 voluntarios. Entre los apoyos a la iniciativa se destaca la Universidad del Cema, los Bancos City y Comafi o empresas como Cargill, Monsanto o Toyota.

La discusión sobre la "naturaleza" pública o privada de la educación debe asumirse de manera integral, superando la lógica del enjuiciamiento sumario de los trabajadores de la educación que son, finalmente, quienes la hacen posible. Hay que ponderar otros elementos significativos: para qué enseñar, qué enseñar y cómo enseñar contribuyendo a la conformación de un ser humano libre, solidario y completo en una sociedad democrática, igualitaria y emancipadora. En esas definiciones se juega, finalmente, el carácter de la educación como derecho y como esfera pública fundada en la justicia.

La formación gerencialista legitima, por el contrario, una sociedad fundada en el mercado. O lo que es lo mismo, un orden basado en la desigualdad, la opresión y la exclusión, algo que por cierto conspira contra las aspiraciones de las democracias que se vienen construyendo con mucho esfuerzo y creatividad en muchos de los países de nuestra América. Estos tópicos, por cierto pocos visitados en el discurso educativo hegemónico, hacen al fondo de la cuestión que queremos poner en debate: qué esperamos de la escuela pública y cómo se defiende el derecho a la educación.

(*) Secretario de investigaciones del CCC Floreal Gorini

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