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Lunes 10 de Septiembre de 2012

Colombia: Santos hace lo correcto

El presidente colombiano Juan Manuel Santos oficializó el 3 de septiembre negociaciones con las Farc, rompiendo un tabú que tiene sobrados motivos para existir en Colombia.

El presidente colombiano Juan Manuel Santos oficializó el 3 de septiembre negociaciones con las Farc, rompiendo un tabú que tiene sobrados motivos para existir en Colombia. Pero tiene razón Santos en tratar de cerrar un conflicto eternizado con las guerrillas. Esto es así porque: a) se demostró en estos años que las Farc se pueden derrotar y redimensionar por la vía militar, pero no eliminar definitivamente; b) cronificar el conflicto armado es también eternizar una gran estructura militar y, como ya sucedió en el pasado, estimular el resurgimiento del terrorismo paramilitar (este tiene hoy sus sucesores, pero sin su faceta antiguerrillera más feroz y asesina); c) si se reciclan como agrupación politica, las Farc no tendrán mayor peso, dada su enorme impopularidad por el repudio que provocan sus acciones criminales contra la población civil (secuestros y violaciones, levas forzadas de menores, bombardeos de represalia, campos minados, asesinatos, etc).

En este proceso, sin embargo, Santos debe tener muy claro que siempre en los ceses negociados de confictos internos hay partes agraviadas: los familiares de las víctimas de los terroristas. Un ejemplo actualísimo: la ETA en España, que se está desmovilizando de hecho mientras su brazo político es simultáneamente legitimado por el sistema político y judicial. Los familiares de las víctimas de ETA ven cómo los aliados políticos del grupo terrorista vasco ocupan cargos públicos y gobiernan ciudades. La indignación y el repudio de las víctimas es más que comprensible; debe respetarse y el Estado y la sociedad deben indemnizar —no sólo monetariamente— a este sector agraviado y marcado de por vida por el terrorismo al que se está amnistiando.

Ocurre que en algún momento se debe pagar "el precio de la paz", que es político y también ético. Como en Irlanda o España, habrá en Colombia quienes jamás recibirán Justicia. Se trata de optar por pagar este alto precio o seguir en un conflicto interno sin fin. Así que Santos, más allá de los oportunismos y cálculos políticos que seguramente son parte de su decisión, ha hecho bien en buscar el final del conflicto armado con las Farc, y secundariamente con el ELN. Que las Farc tengan un real espíritu negociador o que sólo busquen, nuevamente, ganar tiempo para recuperarse, es algo que sólo se sabrá con el tiempo. Por lo pronto, Santos rechazó de plano su pedido de cese inmediato bilateral de hostilidades, un clásico de las Farc y de otras fuerzas ilegales para reponerse mientras negocian.

Dicho esto, vale reseñar las críticas contra esta apertura de Santos. Básicamente rechazan frontalmente las negociaciones, porque los acuerdos preliminares que las habilitaron se lograron en Cuba, histórica aliada de las Farc, y en Venezuela, otra explícita aliada de las guerrillas colombianas y prestadora de "frontera amiga", al igual que Ecuador. Los críticos de la negociación —fundamentalmente, el uribismo— denuncian con fundamentos incontestables las complicidades evidentes de los gobiernos de Cuba, Venezuela y Ecuador con las Farc. Pero el hecho es que Santos está a cargo del Estado colombiano, y tiene el deber de buscar el mal menor, no una solución ideal inalcanzable. Además, sabe muy bien que no se trata sólo de enfrentar a las Farc, sino también de confrontar con esos vecinos hostiles. Es lo que se llama en jerga guerra "by proxy", guerra a través de terceros. A su vez, esos socios, al menos los dos bolivarianos, parecen convencidos de que la vía armada es un anacronismo y una pesada carga política para ellos, dado que todos en la región conocen de memoria sus complicidades con las Farc. De ahí que la estentórea solidaridad revolucionaria expresada por Chávez a las Farc en marzo de 2008, cuando Colombia dio muerte a Raúl Reyes en Ecuador, no se haya repetido, y que el ecuatoriano Rafael Correa les diga públicamente que deben abandonar las armas. Los aliados resultan a veces más convincentes que los enemigos. También es obvio que desde que hace muchos años las Farc se reconvirtieron en narco-guerrillas, logrando una autonomía casi imposible de eliminar de raíz, como el fenómeno más general del narcotráfico. Operan en la zonas de selva y sierra más profundas del territorio colombiano. ¿Cómo evitar que se reproduzcan en base al narco y las levas forzadas de adolescentes? Siempre una ofensiva bien coordinada y sostenida las podrá debilitar y eliminar de las zonas más habitadas. Eso hizo Alvaro Uribe en sus ocho años de presidencia (2002/2010) y por eso fue tan popular y lo sigue siendo. Bajo su sucesor Santos, esta línea de acción continuó: fue Santos el que eliminó a los jefes históricos Mono Jojoy y Alfonso Cano. El hoy número uno, Timochenko, debió ascender casi a la fuerza, ante esa sucesión de muertes. No es un rústico guerrillero: se formó en la desaparecida Unión Soviética, en Cuba y en la también desaparecida ex Yugoslavia de Tito. Al frente de una fuerza de varios miles de hombres armados que desconocen los derechos más básicos de la población civil, son siempre una amenaza grave. El propio Timochenko está condenado por el TPI de La Haya por reclutamiento de menores. Si es posible darle fin a esta amenaza mediante el diálogo y la negociación, debe intentarse.

Doble standard.Por otro lado, el asunto deja al descubierto el viejo doble standard de las izquierdas del continente, hoy en el gobierno en muchos casos. Siempre partidarias de "memoria y castigo" cuando se trata de las dictaduras militares de derecha de los años 70, se vuelven súbitamente fervorosas partidarias del olvido y perdón en el caso de las Farc, autoras de crímenes de lesa humanidad probados y reiterados, según investigaciones meticulosas y sobre el terreno de Naciones Unidas y denuncias documentadas de ONGs como Human Rights Watch. Contra lo que se cree livianamente en Argentina, el derecho humanitario internacional no exculpa del cargo de delito de guerra o lesa humanidad a las organizaciones no estatales. Las diferencia como "agentes no estatales", pero les imputa igualmente esos delitos imprescriptibles cuando se perpetran como ataques sistemáticos contra la población civil, cosa que las Farc han hecho de manera masiva en tiempos de su "esplendor", y que continúan haciendo en la medida de sus mermadas posibilidades.

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