Policiales
Lunes 29 de Agosto de 2016

Cinco problemas en la base de la masiva marcha contra la inseguridad

Son los homicidios, el déficit policial, la investigación penal, los erráticos planes políticos y el abordaje del delito callejero.

La multitudinaria marcha del jueves contra la inseguridad en Rosario fue una interpelación legítima y poderosa que obliga al gobierno provincial a dar respuesta en un campo donde las gestiones del Frente Progresista reconocen su principal quebranto. Es también una ocasión de repasar el estado de los diversos aspectos del escenario complejo que tiene por delante la administración de Miguel Lifschitz. Entre los marcados como núcleos críticos y persistentes hay datos llamativos. Uno es que los homicidios no describen alzas en los últimos tres años aunque sí se asentaron en un nivel elevado, con bajo nivel de esclarecimiento, déficit que el nuevo sistema penal no logra torcer. Otro aspecto indómito refiere a una policía con dificultades estructurales en lo relativo a despliegue territorial, logística y prestación de servicio, a la que además se la percibe anticuada, corrompida y con un lazo deteriorado con la comunidad.

Un tercer quebranto se relaciona con ocho años de ensayos erráticos en la implementación de programas contra el delito. Un cuarto perfil importante es que por más que se ha modernizado el sistema de persecución penal no se perciben las mejoras. Un quinto problema es el delito predatorio o callejero (arrebatos de carteras, celulares, bicicletas, motos) el más visible y menos complejo pero que promueve la mayor sensación subjetiva, por su frecuencia de reiteración que no deja ningún barrio de la ciudad sin tocar.

Homicidios: El principal estandarte del crítico reclamo del jueves tiene una base indiscutible con una disparada de la tasa de homicidios dolosos en el departamento Rosario que es por completo inédita en el país. De los 119 crímenes en el año 2010 (tasa de 9,8 muertes cada 100 mil habitantes) se pasó a 271 muertes en 2013 (tasa de 21.8) con lo que el registro porcentual más que se duplicó en tres años. Desde entonces los homicidios lucen una desaceleración ligera pero constante año por año. Al día de ayer se registraban 137 homicidios en lo que va de 2015.

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A dos días de terminar, con 15 hechos en el departamento Rosario, este mes de agosto es curiosamente frente a las consignas de la marcha, el que menos delitos de este tipo produjo en los últimos años (ver infografía página siguiente). Hubo 21 homicidios en el mismo mes de 2013, 17 en 2014, e idéntica cifra en 2015.

Lo que fue movilizante en este mes que termina fueron tres homicidios atípicos pero de enorme impacto público por ser delitos contra la vida distintivos de la inseguridad. El de Fabricio Zulatto, encontrado muerto a balazos en un pozo ciego de una vivienda de zona norte; el de Nahuel Ciarroca que fue baleado para robarle su celular en Dorrego al 2700 y el de Héctor Villarruel, asesinado en una entradera en Avellaneda 1988. La definición de inseguridad se vincula a un peligro aleatorio que puede abatirse sobre cualquiera. Estos tres crímenes tienen ese rasgo y son además casos ligados a economías delictivas: el de Zulatto, a la droga; el de Ciarroca, el del comercio de celulares robados, el de Villarruel el de las reducciones de robos domiciliarios. También son incidentes ligados a personas con recursos sociales como para interpelar a las autoridades como lo fueron, en 2015, otros dos hechos de semejante conmoción, que impulsaron manifestaciones con idénticas consignas en el Monumento a la Bandera: los crímenes en ocasión de robo de Mariano Bertini en una entradera y de Sandro Procopio en un atraco callejero.

En Rosario este tipo de homicidio son un problema de afectación política porque son de rápida identificación ciudadana. Aunque sean pocos los desenlaces violentos son constantes los robos a celulares o las entraderas. En tanto es infrecuente que genere una movilización como la del jueves —policlasista y expresiva de hartazgo— el tipo de homicidios que abarca a más del 80 por ciento de casos ocurridos en Rosario: el que involucra a personas conocidas mayormente residentes de zonas periféricas y con conflictos previos.

Distinciones. No todo caso resonante, como lo fueron los impactantes homicidios en Newell's de junio pasado, pueden ser activadores de protestas masivas. En el último informe disponible del Ministerio Público de la Acusación (2014) se señalaba que en Rosario tres de cada diez víctimas no tenían ningún empleo y casi la mitad sólo tenía concluida la escuela primaria. La mayoría de agresores y víctimas son de entornos sociales pobres, no céntricos, con posiciones intercambiables en edad y procedencia social. En Rosario en todo 2013 se estableció en un informe del Observatorio Municipal de Seguridad y Convivencia que el 60 por ciento de los rosarinos víctimas de balaceras —entre heridos y fallecidos— nace, vive y muere en un espacio no mayor a los mil metros lineales o sea diez cuadras. Estos casos son la mayoría pero no suelen ser los que detonan las movilizaciones.

En definitiva no parece ser un alza de este delito lo que se traduce en el reclamo sino su particular combinación con otros hechos mucho más predominantes como son los delitos predatorios cuya reiteración es extremadamente irritante e instala una atmósfera de reclamo.

Comisarías y policía: Al inicio de su gestión Lifschitz se encontró con un diagnóstico del estado de las unidades de Orden Público que lo decidió a reemplazar las 32 seccionales por seis comisarías distritales. Lo que revelaba el informe era la inutilidad operativa de las 32 seccionales de la ciudad para enfrentar el delito. El 45 por ciento del total no tenía un plan de patrullaje, no había análisis de la situación delictiva en las jurisdicciones y el movimiento de los móviles, por consiguiente, no seguía criterio sobre la información del delito, sino que lo hacía en forma aleatoria: sin estadística clara ni fuentes de datos verificables. Los móviles terminaban girando por el territorio a ciegas y los jefes no rendían cuentas a nadie.

Esta lógica incluía el fuerte descrédito de vecinos a los que no les tomaban las denuncias o eran desalentados a hacerlas, móviles que nunca llegaban ante un requerimiento y delincuentes conocidos por todo el barrio menos por aquellos que trabajan en la comisaría. Estas eran afirmaciones repetidas en la marcha del jueves. El Ministerio de Seguridad ya tiene en marcha un plan donde la ciudad está dividida en 74 cuadrantes con un cambio en la forma de impartir órdenes. Estas son bajadas desde un centro de control al que entran en tiempo real los registros de lo que pasa en la calle a partir de datos de la central del 911, del sistema digitalizado de denuncias y de las Fiscalías. El grave problema viene de arrastre: la dificultad de disciplinar a los comandos de patrullas para cubrir su turno sin distracciones.

Ese histórico problema volvió por décadas invisibles a los móviles en Rosario. La capacidad de generar confianza en la población a partir del factor de la seguridad subjetiva, la presencia constatable del móvil, viene a ser reforzada por los 1.500 efectivos de Gendarmería asignados por el gobierno nacional. El desafío por venir es garantizar que la policía provincial y las fuerzas federales se acoplen de manera coordinada en la cobertura del territorio.

Los planes de seguridad: Pese a compartir signo político en temática de seguridad los gobernantes socialistas se distinguieron por la marcha y contramarcha. Hermes Binner arrancó con un penalista conocedor del sistema carcelario como ministro (Daniel Cuenca) y siguió con un funcionario del Registro Civil (Alvaro Gaviola) que propició promociones en la fuerza policial con el cuestionado esquema de las juntas de ascensos digitadas por policías que colocaban a sus favoritos. La etapa de Bonfatti tuvo tres momentos muy diversos: la breve gestión de Leandro Corti que terminó con una discrepancia por la realización de un partido de fútbol, la sucesión con Raúl Lamberto postulando un plan de división por nodos y 51 jefaturas de policía de ciudad y una final con dos oficiales superiores de Gendarmería que mandó al archivo ese plan, renegó de las iniciativas de policía municipal y reimpulsó la idea de una policía dividida en dos escalafones. En el medio estuvo la explosión del narcomenudeo local, la sangrienta refriega entre bandas delictivas que incluyó la inédita balacera a la casa del gobernador, un jefe de Rosario removido por enriquecimiento ilícito, un jefe provincial condenado por narcotráfico y la ocupación de Gendarmería Nacional para desbaratar 69 bunkers en abril de 2014. Lifschitz tiene como principal objetivo la ocupación del territorio urbano con un criterio planificado de cobertura de patrullas con un fuerte protocolo de control. Por ahora es un proyecto en ciernes al que encomienda su valoración como mandatario.

El rol de la Justicia Penal: Uno de los factores principales del crecimiento de la delincuencia urbana es la inadecuación del sistema de Justicia Penal. No son los actores de este ámbito los que diseñan la política de seguridad pero la incapacidad de enfrentar el aumento del pequeño delito, que genera la percepción de inseguridad, le ha rendido descrédito a jueces y fiscales. Es cierto que las excarcelaciones anticipadas no son un capricho de los jueces sino que eso lo impone la ley de ejecución.

Pero la aparición de delitos de reincidentes (que aunque son resonantes están lejos de ser moneda corriente) expone un divorcio entre ciudadanos y jueces. Los primeros no entienden por qué una persona condenada a 16 años egresa de prisión a la mitad de la pena. La omisión de esa explicación, que existe, produce la idea de jueces desdeñosos o tolerantes con el delito. Es un problema político de primer orden y hasta ahora insoluble. En el Ministerio de Seguridad creen haberle marcado la cancha a los funcionarios judiciales para que trabajen más. Entre tanto a diferencia de lo que impone el sentido común las tasas de encarcelamiento y prisión preventiva no dejan de crecer. Esto un problema de infraestructura para el sistema penitenciario que ya está en colapso.

El delito callejero: Es la principal fuente del malestar público que se expresó en la marcha del jueves pasado. Robos en la calle, extorsiones a repartidores, cobro de peajes para transitar por zonas, arrebatos. Todos los grupos sociales se ven afectados por este fenómeno pero en especial las franjas pobres porque la inseguridad material impide su movilidad. Para el socilólogo colombiano Javier Garzón Vergara para mitigar estoso problemas es necesario que el Estado controle las economías criminales para que se reduzca al mínimo su capacidad de corrupción y reproducción de los delitos.

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La situación de las entraderas

El secretario de Análisis de Procesos del Ministerio de Seguridad, Eduardo Estévez, consignó la semana pasada que un indicador que tiene una baja relevante en los registros de esa cartera es el de los robos domiciliarios conocidos como entraderas. Según el funcionario las entraderas bajaron un 40 por ciento en el último semestre. El delito se moderó, según sus dichos, tras la detención por la PDI de una banda de Mar del Plata que operaba en Rosario.

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