La alternadoras de La Rosa Sexy Bar, el cabaret de Pichincha cerrado el 25 de mayo en el marco de un procedimiento policial, rompieron los moldes. Propusieron crear una cooperativa de trabajo, pidieron que se reabra la whiskería en la que algunas ganaban hasta 60 mil pesos por mes y acudieron al Concejo a buscar ediles que acompañaran su iniciativa.
La movida no encontró mucho eco. No son pocos los que ven “políticamente incorrecto” apoyar estas solicitudes. Las prostitutas fueron claras en un punto: quieren ejercer el oficio más viejo del mundo de una manera segura y no pululando por departamentos o esquinas de la ciudad.
La propuesta obliga a sinceramientos y a dejar de lado los dobles mensajes. Si en La Rosa no había trata de personas, las condiciones de habilitación municipal se cumplían y las alternadoras tenían libreta sanitaria y hasta eran monitoreadas por el Instituto de la Mujer, ¿por qué sigue clausurado?
El tema genera posiciones extremistas, condicionamientos morales y dobles discursos. Ahora bien, ¿es tan malo que la prostituta quiera trabajar de ello?
La Municipalidad no encontraba reparos en el accionar de este sexy bar en tiempos en que lo promocionaba dentro de las atracciones turísticas de la ciudad. Todos sabían quién era el dueño. Muchos de los que hoy piden por el cierre de cabarets, por aquellos días eran funcionarios del mismo gobierno que colocaba a La Rosa en sus folletos turísticos. Cambia, todo cambia.
Y así, en medio de un clima electoral que se torna cada vez más efervescente el socialismo sigue mostrando falencias en el manejo de las fuerzas políticas en el Concejo. El jueves, el opositor Alberto Cortés sacudió la modorra legislativa con una denuncia inquietante. Aseguró que en Puerto Norte una empresa construía más pisos de lo permitido. Un día después el secretario de Gobierno, Fernando Asegurado, desmintió la versión. Dijo que no se habían detectado anomalías y que se inspeccionó el lugar. Ahora bien, el jefe del bloque de concejales oficialistas, Manuel Sciutto, ¿no podía haber hecho eso mismo un día antes y evitar así que la gestión Fein fuera el blanco de cientos de críticas opositoras?
No obstante, las explicaciones no convencen, más en una ciudad donde se autorizaron demoliciones de casas de valor patrimonial, construcciones en lugares no permitidos y edificaciones más altas que lo estipulado. Sobran antecedentes de este tipo para permitirse dudar sobre lo que está sucediendo en Puerto Norte.
La zona vedete de “la Barcelona argentina” sigue dando que hablar. Hace unos días vecinos de ese sector de la ciudad denunciaron que les están rompiendo las veredas para instalar un ducto que llevará gas a las viviendas premium que se construyen a la vera del Paraná. Muchos de esos vecinos no tienen gas natural y se muestran indignados. Aun no hay respuesta oficial a estos planteos.
En medio de esta coyuntura la intendenta fue esta semana a Capital Federal con la esperanza de destrabar un crédito que permitirá construir cloacas en varios barrios de la ciudad. No lo logró. El aval deberá esperar unos días. Tal vez lo anuncie la propia presidenta cuando llegue a Rosario el jueves para encabezar los actos por el Día de la Bandera. Queda la esperanza de que esta fiesta cívica no se transforme en un acto político-partidario.