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Viernes 10 de Febrero de 2017

Caso Perassi: exigen a la provincia acatar una orden judicial

El juez autorizó a Mirta Ruñisky, la presunta partera, a visitar a sus hijos discapacitados. Su defensor dice que no le garantizan el traslado.

La defensa de Mirta Ruñisky, la presunta abortera detenida y acusada de ser quien practicó la intervención mortal a la desaparecida Paula Perassi, denunció que las autoridades provinciales no ejecutan lo ordenado por el juez que entiende en la causa, Juan José Tutau, quien autorizó a la mujer a salir de prisión y volver a su domicilio todos los lunes, durante ocho horas, para ver a dos de sus hijos, que padecen problemas de discapacidad.

Ocurre que el juez otorgó recientemente ese permiso, pero el abogado Luis Rossini, quien lleva el patrocinio letrado de Ruñisky, señaló que desde la provincia argumentaron que carecen de móviles y custodia para cumplir con esta orden judicial. "La unidad penitenciaria Nº 5 para mujeres, donde está Ruñisky, le contestó al juez que no tiene los medios para esos traslados y que por lo tanto lo va a hacer una vez cada 15 días sin poder decir anticipadamente qué día, y por espacio sólo de tres horas", reveló el abogado.

El letrado recordó que el Estado argentino suscribió la convención de los derechos de personas con discapacidad, y que en el marco de la causa Paula Perassi el juez dispuso a petición de la defensa que Ruñisky tuviera contacto con los hijos con discapacidades por espacio de ocho horas todos los lunes. El traslado, explicó, lo debe hacer la policía provincial.

"Se impide el contacto"

"Luego de que la Unidad Nº 5 informara que carecía de los medios para estos traslados, el juez Tutau ordenó que comenzara el contacto de la forma indicada por la directora del Instituto de Recuperación de Mujeres de Rosario, Susana Beatriz Romano, y que a la vez se le anoticiara al superior de ésta para que se garantice el derecho", dijo Rossini.

Rossini protestó: "Con esta traba puesta por Romano, se impide el contacto entre una madre detenida en prisión preventiva y sus hijos discapacitados". Algo a lo que calificó como "un escándalo".Y adelantó que se está recurriendo a organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas "a los efectos de que el Estado argentino dé las explicaciones pertinentes de la violación del tratado suscripto como así mismo una cautelar para que el Estado provincial provea los medios para que el contacto se realice en los términos fijados por la Justicia.

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