La demorada construcción de un espacio para menores en la alcaidía de la Unidad Regional IV de Policía del Departamento Caseros, con asiento en Casilda, derivó en la presentación de un proyecto en la Cámara de Diputados provincial para que el Ministerio de Seguridad explique las razones del atraso en el envío de fondos para la ejecución de los trabajos.
La reclamada obra estaba prevista desarrollarse tras una serie de reformas estructurales realizadas en la alcaidía de Casilda y que inauguró en noviembre del año pasado el ex gobernador Antonio Bonfatti.
Ello demandó una inversión de más de 8 millones de pesos y consistió, entre otras mejoras, en la construcción de cuatro pabellones de detención con capacidad para 48 personas en el marco de un proyecto integral de readecuación de comisarías, subcomisarías y alcaldías. Lo planificado también contemplaba un módulo con 4 plazas para menores por un monto de 3,5 millones de pesos, lo cual aún no se puso en marcha pese a la promesa de que los tareas comenzarían a la brevedad.
Se trata de la misma obra que en su momento fue reclamado por la jueza de menores de Casilda, Cristina Pecoraro al advertir que no había sido prevista en la planificación inicial de las reformas de la alcaidía de Casilda y que finalmente fue incluida.
La iniciativa fue impulsada por la legisladora provincial y vecina de Chabás, Miriam Cinalli, al considerar que tal situación afecta "la correcta ubicación de menores en conflicto con la ley penal y de esta forma la jueza a cargo del área se encuentra impedida de aplicar la legislación vigente" con la vista puesta en "la contención social, recuperación, rehabilitación, y resocialización de quienes incurren precozmente en el delito".
"El pedido nos pareció razonable y actuamos en consecuencia", había señalado por entonces en una nota publicado por La Capital el ex ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, en respuesta al planteo de la magistrada para que se garantice la inclusión del referido ámbito de alojamiento.
Cinalli recordó que "antes de iniciarse la remodelación, la alcaidía casildense contaba con un lugar para el alojamiento transitorio de menores punibles a fin de garantizar un lugar a los mismos, en sintonía con lo que fijan las leyes nacionales e internacionales". Y en esa misma manifestó su preocupación que haya quedado pendiente la construcción del planificado espacio para menores con capacidad para cubrir las necesidades del departamento Caseros.
La legisladora lamentó que "todavía la provincia no haya destinado los fondos para esta obra que ya fue aprobada", y anticipó que independiente de la iniciativa que impulsó ,intentará reunirse con el ministro de Seguridad d ela provincia, Maximiliano Pullaro, para plantearle el tema en la búsqueda de soluciones.
Cinalli sostuvo que "mientras seguimos esperando la construcción de este espacio los menores que delinquen están en la calle o alojados en Rosario en lugares que no son adecuados para su recuperación".
Desidia. En dialogo con este medio ayer la jueza Pecoraro sostuvo que "hubo una desidia política bastante importante desde el gobierno provincial anterior y el actual" a cuyas administraciones dijo haberles enviado notas sobre el tema en cuestión sin encontrar respuestas. Y tras sostener que "ya no podemos hacer más" valoró que el reclamo impulsado "a instancias del pedido de una diputada que le interesa el tema de la minoridad y de los acontecimiento que están ocurriendo en el departamento Caseros".