A casi tres años de la muerte de una parturienta en el hospital San Carlos de Casilda y cuyo hijo también falleció a días de nacer con serias complicaciones, la Justicia archivó la causa al no surgir de la extensa investigación elementos que acrediten de que el fatal desenlace haya sido producto de una negligencia médica o mala praxis como sospecharon desde el primer momento los familiares.
La decisión fue del juez penal de Casilda, Carlos Pareto, quien no obstante dejó la puerta abierta a un posible planteo del tema en la sede civil al disponer que "no existe mérito suficiente como para recibir declaración indagatoria" de la médica que intervino en el parto.
El lamentable hecho ocurrió el 12 de octubre de 2013, cuando María Eugenia Casarotto, falleció a los 34 años en el efector público local tras ser intervenida por una hemorragia a causa de una rotura uterina durante el parto de su bebé, Lorenzo, que también murió a días después en un sanatorio rosarino.
La denuncia que puso bajo sospecha el accionar médico fue realizada por el esposo, Fabián Tadiello, y el caso conmovió a los casildenses que participaron en marchas para pedir por su esclarecimiento.
El magistrado ya había resuelto en julio de 2015 archivar la causa, pero luego dispuso, tras un pedido de revocatoria, su reapertura e hizo lugar a las medidas pedidas por el Ministerio Publico Fiscal para profundizar lo actuado en virtud de que la parte denunciante se mostró disconforme con la conclusión de la junta médica, que descartó que los decesos ocurrieran por impericia médica.
La profundización de la investigación terminó fortaleciendo la evaluación inicial por la opinión de un nuevo perito y la postura planteada por los especialistas de la Asociación de Obstetricia y Ginecología de Rosario (Asogir). Si bien los médicos legistas que representaron al denunciante plantearon su disconformidad, el juez consideró suficiente la "contundencia" de los informes solicitados para archivar la causa.
Impotencia. En diálogo con La Capital, Fabián Tadiello manifestó su desacuerdo con la resolución judicial y sostuvo que "causa dolor, impotencia y desamparo que la Justicia no haya podido probar algo tan evidente como que las muertes de María Eugenia y Lorenzo fueron consecuencia de una mala praxis que terminó arruinando toda una familia".
Asimismo afirmó que "eran sanos y de un día para otro me los devolvieron muertos. Siento que no se hizo Justicia y lo único que deseo es que, al menos, este caso sirva para que la sociedad abra los ojos y exija una atención de la salud que privilegie el valor humano sobre los intereses corporativos de la actividad médica que salió en defensa de una colega y justificó lo injustificable".
En los informes que condicionaron el fallo se destaca que la paciente "fue tratada adecuadamente, pero no evitó el desenlace fatal" y que "se tuvieron en cuenta y se siguieron las recomendaciones del Ministerio de Salud en el algoritmo de atención en el manejo de la hemorragia posparto" como padeció la mujer.