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Siento vergüenza ajena, por no decir asco ante las declaraciones del ministro de la Corte santafesina Daniel Erbetta. En que los jueces no diseñan políticas de seguridad estoy de acuerdo, pero es responsabilidad de los magistrados la reducción de penas a los delincuentes y que reincidentes se pavoneen libres. Palabra mayor la de la ex jueza de sentencia Lurati para justificarse. Si quien decide es un fiscal estamos al horno por cuanto vemos que muchos fiscales hacen de defensores. Señora Lurati: ¿si la asesinada Gabriela Núñez hubiera sido su hija pensaría igual? Señor Erbetta, la garantía que queremos los ciudadanos es que los delincuentes estén donde corresponde, en la cárcel, y no libres por jueces garantistas. Carlos H. Pàez, DNI 8.499.575.
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El sábado pasado fui al Hospital Alberdi a las 22.45. Mi marido tenía una infección en el pie que no le permitía caminar. La recepcionista me dijo que sólo atendían heridas de armas de fuego, de cuchillo o de ese tipo por orden de los directivos. Yo amenacé con denunciarla, y dijo que sería bueno para que la gente se entere de lo que pasa ahí dentro.
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Este jueves 25 de agosto todos a Tribunales a las 19.30. Reclamemos por la inseguridad y porque regrese Gendarmería.
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Basta de inseguridad. Basta de lamentar muertes porque el Estado no nos protege. Me pregunto: ¿no habrá llegado el momento de enjuiciar a los gobernantes de turno sin importar el color político que tengan y a los diputados y senadores por entrar en disputas políticas sin cambiar las leyes que protejan como corresponde al pueblo? ¿No habrá llegado la hora de enjuiciar a los jueces que con sus fallos turbios nos dejan indefensos ante los delincuentes? ¿Y a la policía que como han demostrado los hechos muchas veces son cómplices, conocen perfectamente dónde están los búnker y quiénes son los responsables de los crímenes que se producen alrededor de los mismos?
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Es vergonzosa la defensa que hacen los jueces y fiscales de sus actuaciones. Cumplan con su deber y dejen a los asesinos donde deben estar, en la cárcel. Ninguna otra familia destruida por incapacidad de funcionarios públicos. Indignada es poco.