Política
Miércoles 26 de Octubre de 2016

Carrió derribó el proyecto para sacar a Gils Carbó

Dijo que la iniciativa para cambiar la ley de Ministerio Público Fiscal es inconstitucional. El gobierno la levantó para preservar la coalición.

El gobierno nacional decidió ayer postergar el debate de la ley de reforma del Ministerio Público Fiscal —proyecto que iba ser tratado hoy en Diputados— debido a las diferencias planteadas por la jefa de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, quien cuestionó varios puntos de la propuesta con la que el oficialismo pretende desplazar a la procuradora nacional Alejandra Gils Carbó.

Según una alta fuente parlamentaria, desde la Casa Rosada le confirmaron al jefe del interbloque Cambiemos, el radical Mario Negri, la decisión de postergar el debate de la reforma del Ministerio Público durante la reunión de mesa chica del oficialismo que se realizó ayer.

Carrió pateó el tablero al cuestionar como "inconstitucional" la ley de Ministerio Público Fiscal e hizo temblar a la alianza Cambiemos, que incluso llevó a un diputado radical a afirmar que "es un error político del oficialismo", en un intento por desmarcarse del macrismo.

"Mi disidencia con respecto a la ley de Ministerio Público no es para nada sorpresiva", transmitió Carrió a través de su cuenta en Twitter, donde aseguró: "Cuestioné este proyecto de ley desde su ingreso al Parlamento, y lo conversé con el Poder Ejecutivo y el Legislativo".

Según la diputada, "los integrantes de Cambiemos tenían conocimiento" de sus diferencias con la propuesta del gobierno, "pero optaron por acordar con (Sergio) Massa", referente del Frente Renovador.

En este contexto, un diputado radical, que prefirió mantener el anonimato, confirmó que Carrió había planteado "observaciones" respecto del mandato del procurador, que el proyecto limita a cinco años con posibilidad de renovarlo por el mismo período, y que la diputada aspiraba llevarlo directamente a diez años.

El principal cuestionamiento de Carrió estuvo vinculado con las facultades que la ley otorga a la comisión bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público, que —según se interpreta— obligaba al procurador a someter sus decisiones a la aprobación del Congreso.

Sin independencia. Sobre este punto, Carrió les explicó a sus socios en la Cámara baja que el Ministerio Público Fiscal "es independiente de todos los poderes" y "si la bicameral le va a dar instrucciones es un procurador encima del procurador".

Puertas adentro, Negri explicó que el gobierno decidió bajar del tratamiento la ley de Ministerio Público porque "es un tema complejo" y se optó por "buscar consenso".

"Este es un error político importante del oficialismo porque Carrió ya había advertido diferencias no sólo dentro de Cambiemos sino también al propio presidente (Mauricio Macri)", confirmó una fuente del radicalismo.

Evitar tensiones. Voceros del oficialismo dejaron trascender que la decisión de bajar la ley de Ministerio Público se decidió también porque Cambiemos no se podía arriesgar a mostrar diferencias en el recinto "a horas de la presentación de la mesa nacional", que concretará mañana y marcará el regresó de Carrió al escenario político luego de haber superado un problema de salud que la obligó a una intervención quirúrgica.

Lo cierto es que las diferencias en Cambiemos fueron aprovechadas por el massismo, que a través de su jefa, Graciela Camaño, avisó: "Nosotros no vamos a dar quórum para tratar el Ministerio Público en estas condiciones. Primero que se pongan de acuerdo y que unifiquen posiciones".

Según trascendió en las últimas horas, el Frente Renovador estaba dispuesto a ceder modificaciones al proyecto, entre los que se incluía un recorte de las facultades a la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público, que preside la propia Camaño.

Asimismo, la bancada de Massa estaba dispuesta a proponer que el traslado de fiscales sólo debía ser notificado a la bicameral, sin requerir su aprobación del Congreso.

Además se modificaría la cláusula transitoria que establece que "todos los magistrados a los que se les hayan asignado funciones que impliquen un traslado de la jurisdicción para la que recibieron acuerdo deberán retornar a su cargo dentro del plazo de 48 horas".

Desde el oficialismo no arriesgaron una fecha para volver a intentar llevar al recinto el proyecto impulsado por el Ejecutivo, pero confiaron que las negociaciones "están encaminadas, sólo hay que dejar que baje el agua".

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