Inundaciones en La Picasa: la Corte convocó a una audiencia

• El tribunal superior hizo lugar a un pedido de la Defensoría del Pueblo bonaerense que objeta obras que ejecutó Santa Fe

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de un pedido de la Defensoría del Pueblo bonaerense, dispuso convocar a una audiencia pública a las administraciones de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba en el marco de una causa con la que se buscan frenar las inundaciones en el territorio de la primera de esas provincias.

La medida adoptada por el máximo tribunal hace referencia a la "gravedad de los hechos denunciados", puntualmente a los que tienen que ver con las obras realizadas por Santa Fe que alteraron el escurrimiento natural de la laguna La Picasa, lo que derivó en el anegamiento de varios distritos de Buenos Aires.

La audiencia pública, que será de carácter informativo y tendrá lugar el 7 de noviembre en el Palacio de Justicia ubicado en la Capital Federal, buscará reunir a estas dos administraciones, la de Córdoba -que integra la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca de la laguna La Picasa-, además de la Secretaría de Recursos Hídricos, a la Procuraduría General y a la Defensoría General de la Nación.

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, destacó la decisión de la Corte, al resaltar que "se le dio la importancia necesaria a nuestros reclamos, que los gobiernos se comprometan a dar respuesta ante la grave situación que afecta a miles de bonaerenses, y que se lleven adelante todas las obras necesarias para evitar que se repitan estas inundaciones".

La Corte asumió de este modo el protagonismo en una cuestión tan candente que puso en vilo a las poblaciones y a la producción, ya que las últimas inundaciones afectaron unas 5 millones de hectáreas productivas en la zona núcleo, especialmente en el territorio bonaerense. "Más allá de la denuncia bonaerense, entendemos que estamos frente a un tema que se puede catalogar como una catástrofe ambiental y necesitamos encaminar el proceso de solución", explicó hace pocos días al diario El Cronista una alta fuente del máximo tribunal.

La Defensoría del Pueblo bonaerense denunció a Santa Fe con el fin de que "se le prohíba la ejecución de obras que alteren el escurrimiento natural de las aguas de la Laguna La Picasa; se la condene a destruir a su costa las llevadas a cabo, reponiendo las cosas a su estado anterior; se le ordene que reanude la concertación de acciones comunes tendientes a resolver la emergencia hídrica de la región de acuerdo a lo establecido en la Comisión Interjurisdiccional creada al efecto, y se le imponga el cumplimiento y ejecución del proyecto acordado para la regulación de la cuenca".

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