La Cámara de Diputados dictaminó ayer a favor de la reforma del Ministerio Público Fiscal (MPF) que el oficialismo impulsa, entre otros objetivos, para forzar la caducidad del mandato de la actual procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
"Es una ley orgánica mucho mejor que la sancionada el año pasado", afirmó el presidente de la comisión de Justicia, Diego Mestre, al dar inicio al debate en el anexo de la Cámara de Diputados.
Tal como se anticipaba en la previa, el dictamen del oficialismo, que tuvo tratamiento en el plenario de las comisiones de Justicia (cabecera), Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda, fue firmado por el Frente Renovador, el bloque Justicialista y el GEN de Margarita Stolbizer, mientras que el Frente para la Victoria y el Frente de Izquierda confirmaron su rechazo.
La iniciativa plantea limitar el mandato del procurador general, que actualmente tiene carácter vitalicio, a cinco años de duración, con la posibilidad de renovar por cinco años adicionales a propuesta del Poder Ejecutivo.
El dictamen definitivo que será debatido en el recinto probablemente el próximo miércoles 26 de octubre, recibió muchas modificaciones respecto del proyecto original: el cambio más importante tiene que ver con la eliminación de la figura de los subprocuradores, uno de los puntos más objetados por la oposición.
Si bien el kirchnerismo reconoció que el proyecto actual es más "ameno" que el enviado por el Poder Ejecutivo meses atrás, declinó acompañar el dictamen al evaluar que no se alteró la "intencionalidad política" de "borrar de un plumazo" a Gils Carbó.
De avanzar con la reforma, el gobierno tendría un instrumento legal para empujar hacia el precipicio a la actual máxima autoridad de la Procuración y, en caso de no lograr forzar su renuncia anticipada, el presidente Mauricio Macri podría denegarle un segundo mandato a partir del 29 de agosto del año que viene, cuando se cumplirán los cinco años de ejercicio en el cargo desde su asunción en 2012.
De cualquier forma, la estrategia oficialista deja algunos flancos débiles que podrían dar lugar a un escenario de judicialización, ya que el proyecto no prevé una cláusula transitoria que resuelva con retroactividad el caso puntual de Gils Carbó, quien podría alegar que su mandato de cinco años empieza a contar desde la entrada en vigor de la ley.
Otro de los objetivos de la reforma del MPF es dotar de atribuciones considerables a la recientemente creada comisión bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal, que preside la diputada Graciela Camaño (Frente Renovador), lo que fue objetada por casi todo el arco opositor, que considera que se trata de una avanzada sobre la "división de poderes".
"La bicameral no solo va a poder pedir informes, sino que va a tener participación en cuanto a los traslados, a la conformación de las procuradurías especializadas, las unidades fiscales especializadas y las direcciones generales", detalló el radical Mestre.