Policiales
Lunes 26 de Septiembre de 2016

Camaristas decidieron no mudarse al nuevo edificio de Justicia penal

Ante la falta de espacio para realizar sus tareas, los jueces de Cámara priorizan la comodidad de sus pares de primera instancia

Por falta espacio para desarrollar sus tareas, los seis jueces de la Cámara Penal de Rosario tomaron una decisión polémica: no se mudarán al nuevo edificio del Centro de Justicia Penal (CJP) que se construye en Virasoro y Sarmiento, donde se pensó concentrar toda la actividad del fuero y, según el gobierno santafesino, será habilitado en marzo de 2017. Los magistrados no compartirán espacio con sus colegas de investigación preliminar, fiscales y defensores como estaba previsto, y dieron por terminada la controversia que se generó a partir de visitas que hicieron al edificio durante las cuales plantearon requerimientos que finalmente no fueron satisfechos.

Pero no es esa la única voz disonante sobre la ubicación y funcionalidad del predio, ya que el Colegio de Abogados y los defensores públicos también plantearon sus objeciones. En tanto, para la Fiscalía Regional resulta un entorno amigable para los empleados y el público, a tono con el "corolario de la reforma procesal penal" (ver aparte).

Instalaciones. Hace 15 días el ministro de Justicia santafesino, Ricardo Silberstein, confirmó que las obras del nuevo CJP que se levanta en la manzana comprendida por Sarmiento, Virasoro, San Martín y Rueda estarán culminadas entre marzo y abril de 2017. Las obras contemplan once modernas salas de audiencias públicas y orales, el traslado en pleno del Servicio Público de la Defensa Penal (SPDP) y del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Además habrá una alcaidía con boxes para entrevistas, una sala de reconocimiento y habitación para cámara Gesell, entre otras dependencias. El proyecto preveía también alojar a la Cámara Penal en pleno o, como se los llama ahora, jueces de segunda instancia.

De ese modo quedaría habilitado un edificio que, según las prioridades, está preparado y pensado para concentrar a los actores y los procesos del Código Procesal Penal (CPP) vigente en Santa Fe desde febrero de 2014 y cuya característica saliente es la oralidad de un sistema acusatorio con procesos más ágiles y transparentes. Pero luego de idas y vueltas, los camaristas que tienen la tarea de revisar y estudiar los fallos y resoluciones de primera instancia, no se mudarán al edificio construido donde estuviera el viejo hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca).

No hay lugar. "Damos por cerrada esta controversia. Ya decidimos que nos quedamos acá (por los despachos de Pellegrini y Balcarce). No hay lugar para nosotros en el nuevo edificio, nos parece mejor dejar espacio para el trabajo de los jueces de primera instancia", confirmó a La Capital el camarista Alfredo Ivaldi Artacho. Así, el titular del Colegio de Jueces Penales de Segunda Instancia de Rosario despejó las dudas sobre un rumor que crecía en los pasillos de Balcarce 1661 pero nadie se animaba comunicar oficialmente.

Para tener una idea del movimiento de la Justicia Penal en Rosario, entre febrero de 2014 y julio de este año la Cámara Penal presidió 1.829 audiencias (entre 20 y 25 por semana). En el mismo lapso los jueces de Investigación Preliminar Preparatoria (IPP), celebraron nada menos que 16.287 audiencias (ver aparte). Y según Ivaldi Artacho, en el nuevo edificio tampoco habrá lugar para la Oficina de Gestión Judicial de Segunda Instancia, el espacio donde se concentran y digitalizan los expedientes, y se formalizan movimientos e incidentes de las causas.

"No sólo vamos a una audiencia y escuchamos a las partes. También tenemos competencias extras como las recusaciones o el dictado de sentencias que pueden llevar varios días de análisis. Es muy importante la tarea. Desde que rige el nuevo sistema acortamos los tiempos de las audiencias de juicio o el tratamiento de las apelaciones, que antes demoraban tres meses y ahora se resuelven en 15 días", destacó Ivaldi Artacho sobre los beneficios del nuevo ordenamiento penal.

Además del presidente, el cuerpo de jueces de segunda instancia está conformado por Carina Lurati, Georgina Depetris, Daniel Acosta, Guillermo Llaudet Maza y Carlos Carbone. Los miembros de la llamada Cámara Penal hace días reclamaron enérgicamente al Ejecutivo que cubra las seis vacantes que aún no fueron cubiertas.

Decisiones. El flamante CPP fue una apuesta fuerte del gobierno socialista precedida de audiencias y debates que se terminó aprobando con el consenso mayoritario del Poder Judicial. Pero la decisión de tirar abajo el viejo Heca y levantar un edificio nuevo no estuvo exenta de polémicas.

Algunas voces plantearon que la manzana de Tribunales en Pellegrini y Balcarce se podía refuncionalizar para albergar los procedimientos orales penales sin necesidad de realizar un doble gasto. De hecho en el primer piso, sobre calle Moreno, la Corte Suprema ordenó transformar viejos despachos en doce flamantes salas de audiencias, boxes para jueces, oficinas de gestión de 1ª y 2ª instancia, entre otras dependencias con mobiliario, audio y tecnología para digitalizar y dejar constancia de los actos procesales.

   Pero en la Casa Gris nunca se quebrantó ni se puso en tela de juicio la idea levantar el nuevo edificio. Ni Hermes Binner ni Antonio Bonfatti sucesivamente titubearon en ese sentido. Menos ahora el actual gobernador Miguel Lifschitz quien seguramente será el encargado de cortar las cintas.


Problemas. ¿Qué problemas operativos puede acarrear la decisión de los camaristas de no mudarse? Sobre todo la superposición de audiencias de primera instancias con otras de revisión de segunda, el trastorno del traslado de fiscales, defensores, abogados desde Virasoro y Sarmiento hasta Pellegrini y Balcarce. Ese desdoblamiento altera incluso la tarea de los periodistas judiciales, que verán afectado su trabajo cotidiano al tener que priorizar coberturas.

   Aunque se valora el cambio y la apuesta de las futuras instalaciones, entre abogados, jueces y empleados consultados por este diario no cayó bien que desde el Ministerio de Justicia —a cargo del proyecto— no se coordinaran ni escucharan inquietudes planteadas sobre aspectos funcionales y estructurales desde el momento en que comenzó la obra.

   Quienes lo recorrieron —este diario pidió formalmente hacerlo ante el Ministerio de Justicia pero el trámite se dilató demasiado— dicen que las obras se aceleraron en los últimos meses. Y que una de sus virtudes es la posibilidad de hacer modificaciones internas y corrimientos de tabiques para ampliar, reducir o adaptar espacios a las necesidades.

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