La ciudad
Miércoles 11 de Mayo de 2016

Buscan definir el desalojo de 2.500 familias en el noroeste

El próximo 1º de junio se podría decidir el futuro habitacional de unas 2.500 familias asentadas sobre Schweitzer a la altura del 8200 (zona noroeste) más conocida como villa La Bombacha.

El próximo 1º de junio se podría decidir el futuro habitacional de unas 2.500 familias asentadas sobre Schweitzer a la altura del 8200 (zona noroeste) más conocida como villa La Bombacha. La Justicia convocó a una nueva audiencia a los vecinos, la Municipalidad, el Concejo, la Concejalía Popular y el desarrollador Aldea en el marco de un desalojo solicitado por el privado de todos los terrenos que fueron usurpados hace años y que ahora son nuevamente reclamados en Tribunales.

Si se cumple lo exigido por Aldea, el conflicto con las tierras en disputa podría derivar en un problema social de alcances insospechados. Este diferendo tiene más de una década de idas y vueltas cuando en principio había unas 35 familias ocupando un sector reclamado por la empresa. Hoy, con la dilación de los plazos, se estima que ya hay 2.500 familias viviendo en esta zona.

El jueves pasado el juzgado Civil y Comercial Nº 1 recibió a todas las partes. A fines de abril, una cantidad importante de vecinos de Schweitzer al 8200 obtuvieron las notificaciones y los mandamientos de desalojo en sus viviendas. Esta actualización de juicio puso a los vecinos en alerta y un grupo numeroso acudió a Tribunales. Allí, la Justicia acordó una nueva audiencia para el 1º de junio.

"La semana pasada hubo un intento muy claro de la parte actora privada en el juicio. Planteó el desalojo de unos terrenos donde hay gente que hace más de 20 años que vive en ese lugar", afirmó el responsable de la Concejalía Popular Nire Roldán.

Y, según se indicó, el abogado de Aldea pidió a la Intendencia que proponga un plan urbano para el lugar, mientras que los vecinos insistieron con permanecer allí.

La Concejalía inició el asesoramiento legal de estos habitantes y trazó la estrategia para junio: frenar la especulación inmobiliaria; garantizar el hábitat digno evitando el desalojo, un censo de los residentes; reordenamiento, urbanización y saneamiento del predio; y la defensa los derechos de los vecinos "sobre el interés especulativo de las desarrolladoras privadas.

"Todos bregan por una vivienda propia, pagando servicios eléctricos de un medidor comunitario, y han autoconstruido sus casas", argumentó Roldán.

Entre las hipótesis en danza y en medio del conflicto asomaría la idea de buscar una expropiación de los terrenos privados junto a la reurbanización del sector público que ya es parte del asentamiento.

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