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Domingo 17 de Abril de 2016

Brasil: ninguna opción es buena

El motivo por el que Dilma Rousseff podría ser destituida en las próximas horas suena a sutileza formalista a los argentinos, habituados a los bárbaros manejos presupuestarios del kirchnerismo, que movía decenas de miles de millones de pesos con una firma de Aníbal Fernández. Rousseff fue acusada por el Tribunal de Cuentas de haber cometido una serie de delitos fiscales, como apertura de créditos sin autorización del Congreso y reducir artificialmente la estimación del déficit fiscal.

El motivo por el que Dilma Rousseff podría ser destituida en las próximas horas suena a sutileza formalista a los argentinos, habituados a los bárbaros manejos presupuestarios del kirchnerismo, que movía decenas de miles de millones de pesos con una firma de Aníbal Fernández. Rousseff fue acusada por el Tribunal de Cuentas de haber cometido una serie de delitos fiscales, como apertura de créditos sin autorización del Congreso y reducir artificialmente la estimación del déficit fiscal.

   También contrasta la imputación contra Dilma con la causa del Lava Jato, una mole de dinero robada a Petrobras mediante una asociación ilícita formada por grandes constructores, hoy presos, y los principales partidos, con el oficialista PT a la cabeza. Aún así, tanto el establishment empresario como gran parte de la sociedad están decididos a apoyar a fondo el proceso de destitución, cansados de la larga experiencia de gobierno petista (de enero de 2003 a hoy y con fecha hasta fines de 2018). El trasfondo del malestar es, como siempre en América latina, la economía: la de Brasil ha caído mucho en los años pasados y no tiene buenas perspectivas (-3,8% en 2015, y se espera una cifra similar para este año). La recesión es la más grave de la historia, peor aún que la de la Gran Depresión de los años 30.

Proceso legítimo. El proceso de juicio político de la presidenta cumple con las normas que marca la Constitución y hasta se acaba de recurrir por segunda vez a la Corte Suprema, que rechazó un pedido cautelar del oficialismo para dejar sin efecto el juicio político. Anteriormente había ordenado recomponer la comisión acusadora, también a pedido del oficialismo. En fin, esta vez a diferencia de lo ocurrido en Paraguay con Fernando Lugo en 2012, no puede alegarse “golpismo” de ninguna manera, como hacen con martillante desesperación Dilma y su protector Lula, muy desgastado por la causa judicial que lo dejó al borde de ir a prisión. Lula llegó a decir enormidades imperdonables, como hacer paralelos con el ascenso de Hitler. Un líder democrático de su peso debería saber que ciertos límites no se pasan. Por otro lado, la destitución del conservador Collor de Mello en 1992 se toma unánimemente como un caso ejemplar de ciudadanía activa, tanto en Brasil como en toda la región; ahora, la destitución de Dilma sería, pese a usar idéntico procedimiento, un perverso “golpe”. Insostenible doble rasero, según sea el cuadrante ideológico del mandatario.

Tensión y riesgo. Dicho todo esto, es evidente que el proceso de destitución está llevando a Brasil a cotas altísimas de tensión social y política. ¿Vale la pena poner en riesgo la convivencia de un país que se ha destacado de sus vecinos precisamente por saber dar a las demandas de la sociedad una canalización moderada, pacífica y sin peligro de derivas extremistas? Esto fueron, en suma, los gobiernos del PT en todos estos años: un modelo de moderación reformista que contrastaba con las izquierdas regionales que se referencian en el caudillismo autoritario y militarista de Hugo Chávez. Buena parte de las bases petistas siempre prefirieron esa opción, se sabe. Este sector hizo conocer su malestar desde la desilusión de 2003, cuando Lula impuso una política económica promercado y sorprendió a propios y extraños con una primera presidencia centrista. Este sector interno radical, junto con aliados como el PC de Brasil, nunca renunciaron a la radicalización. Una expulsión de Dilma les daría la razón y mayor espacio interno en el partido. De hecho, Lula en sus reiteradas apariciones parece cada vez más recostado en esta facción. “¿Ven que con la burguesía no se puede con las buenas maneras?”, sería el discurso que debe estar circulando por las bases. De hecho, ese viraje a la izquierda más cruda ya se ha visto con el repetido y enfático apoyo “contra el golpe de la derecha” de figuras esperpénticas como Nicolás Maduro, o muy poco “vendibles” en el mercado electoral brasileño, como Evo Morales y Rafael Correa.

   En suma, destituir a Dilma tendrá costos externos e internos, por más que asegure el restablecimiento de la “confianza de los mercados”, hoy totalmente perdida. Además, el Lava Jato continuará; esa causa no puede ni debe detenerse. Y se sabe que parte de la recesión se debe al efecto demoledor que ha tenido la investigación sobre las gigantescas empresas constructoras y la obra pública, hoy paralizada. Pero más allá de estos costos, el problema de fondo es la herida social que se producirá, que se está produciendo. Ante todo, los que impulsan el impeachment no tienen ni la menor autoridad moral: están tan sucios como Dilma, Lula y los numerosos petistas presos. El caso de Eduardo Cunha es emblemático al respecto, con sus cuentas suizas cargadas de millones de euros. El país quedará en manos del hoy vicepresidente Michel Temer, otra figura oscura y poco edificante del PMDB, un partido que siempre lució una galería de dirigentes que hacen parecer angelicales a los personajes de House of Cards. De ser destituida Dilma, Temer gobernará hasta el 1º enero de 2019, una fecha lejanísima. Este partido y estos dirigentes deberán conducir al país durante un largo período y sacarlo de la profunda crisis económica. Tendrán enfrente al PT y sus aliados enceguecidos de furia.

Dilma, sin autoridad. Pero si Temer no parece el timonel adecuado, a estas alturas Dilma tampoco lo es, dado que ha perdido autoridad de manera catastrófica. El procedimiento de emergencia del impeachment está previsto en todas las Constituciones precisamente para estos casos en que un mandatario se queda sin capital político, tiene un gobierno paralizado y aún mucho tiempo por delante. La denuncia de “golpsimo” no resiste así ningún análisis serio y equilibrado. Y tal vez a esta altura, sobre todo luego del demoledor embate que sufrió Lula en el Lava Jato a inicios de marzo, no quede alternativa que la destitución. El gobierno está paralizado, igual que la economía. Pero el costo social y político de la “grieta” será perdurable. Ninguna solución es buena, eso está claro. Y el PMDB de Temer y Cunha llevará el resto de su vida la imputación de la izquierda petista de haber dado el “golpe de la derecha y los mercados” y el largo y previsible etcétera que Lula alimentará con su conocido “arrastre” desde las tribunas. Todo esto será aún peor si la economía no repunta rápido gracias a la bendición de “los mercados” y Brasil sigue estancado.

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