Los diputados del interbloque Cambiemos y de la oposición acordaron ayer reformar el artículo que prevé la imposición de penas a quienes difundan información de las personas que ingresen en el blanqueo de capitales, previsto en el proyecto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo, y buscaban consensuar la posibilidad de venta de las acciones de empresas privadas en poder de la Ansés, considerado uno de los puntos clave de la iniciativa.
Las negociaciones para acordar el proyecto que establece el pago a jubilados, que se solventará con el blanqueo de capitales y el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, se realizan en forma paralela al plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda, que ayer recibió a especialistas en temas tributarios y previsionales.
En la reunión conducida por el sindicalista massista Héctor Daer y el macrista Luciano Laspina, expusieron los titulares de la CTA, Hugo Yasky; el defensor de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino; el presidente del Colegio de Ciencias Económicas, Humberto Bertazza, y el ex diputado radical K y especialista tributario Eduardo Santín, entre otros.
Por lo pronto, el oficialismo adelantó que se modificará el artículo 85, que establecía penas para quienes difundan información de las personas que accedan al blanqueo de capital, que fue objetado por la oposición y por Fopea (Foro de Periodistas Argentinos) por considerar que afecta la libertad de expresión.
Al empezar el plenario de comisiones, el diputado de la Coalición Cívica Fernando Sánchez anticipó que se modificará ese artículo y señaló que "ningún periodista ha sido condenado por revelar datos tributarios", dado que esta "norma está vigente desde 1987".
De todos modos, el eje de la discusión está centrado en el artículo que habilita la venta de acciones que el Estado tiene de empresas privadas pues la oposición se opone a autorizar al gobierno a liquidar esos activos que forman parte del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Ansés.
Fuentes del oficialismo señalaron que "el levantamiento del cepo para vender las acciones no se negocia, pero sí se puede acordar con la oposición los porcentajes de las acciones que se pueden liquidar".
En ese sentido, Laspina dijo que "es un proyecto complejo" pero probablemente entre hoy y mañana "se llegue a un consenso para tener dictámenes y votarlos en comisión" y pidió no hacer una discusión "ideológica" sobre la venta de las acciones porque hay que "analizar lo que más le conviene al Estado".
Otro punto que ya está consensuado entre el oficialismo y la oposición es la prohibición de que entren al blanqueo los legisladores o jueces, que se sumarán a los funcionarios que ya habían sido excluidos.
En tanto, Semino se pronunció a favor de solucionar la deuda de los jubilados porque es "una vieja injusticia argentina que afecta a toda la sociedad porque provoca miedo al envejecimiento".
Por su parte, el ex diputado radical Eduardo Santin dijo que este proyecto "es difícil que tenga incidencia en más del 15 por ciento de los jubilados", con lo cual "hablar de reparación histórica es un poco ampuloso, porque les da vergüenza decir que trabajan para grupos chiquitos de jubilados".
Yasky, a su vez, aseveró que este proyecto "no resuelve el problema real y genera condiciones que ponen en riesgo aquello bueno que se realizó en el anterior gobierno que permitió la inclusión de miles de jubilados".