El golpe fue duro porque esperaba otra cosa. Mauricio Macri había recibido señales positivas de la Corte Suprema antes del fallo por el tarifazo del gas, pero la nueva dinámica del tribunal le propinó un revés político y dejó alarmas encendidas.
El golpe fue duro porque esperaba otra cosa. Mauricio Macri había recibido señales positivas de la Corte Suprema antes del fallo por el tarifazo del gas, pero la nueva dinámica del tribunal le propinó un revés político y dejó alarmas encendidas.
Después de mascullar bronca contra el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, y asumir una derrota que pudo haberse evitado, Macri comenzó a replantear la estrategia para reordenar el panorama tarifario del gas, pero también de la luz.
Convocó a las audiencias públicas que reclamó el máximo tribunal, para discutir las tarifas del gas, el próximo 12 de septiembre, e instruyó al Enargas a que ordene a las empresas la refacturación del servicio que había quedado suspendida.
También habrá audiencias por las tarifas de luz, un día después. De hecho, la principal preocupación oficial por estas horas es la probabilidad de que el máximo tribunal también retrotraiga las correcciones tarifas de la electricidad.
De las audiencias públicas se encargará el jefe de Gabinete, Marcos Peña. No tendrá participación el ministro Juan José Aranguren, figura que crispa ánimos por ser la cara de ajuste. Respaldado por Macri, el ex CEO de Shell se ocupará junto con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, de avanzar hacia un Acuerdo Federal de la Energía, con especialistas, gobernadores y sindicatos. Con ese pacto, tratará de galvanizar su política energética a largo plazo.
El fallo unánime de la Corte anuló el incremento del gas para los usuarios residenciales, que representan el 26 por ciento de la facturación. En la mesa chica del poder están convencidos de que la Corte permitió trabajar sobre una hoja de ruta y que, al fin y al cabo, el costo fiscal -unos 20 mil millones de pesos- es mucho menor al que potencialmente se hubiera enfrentado con la anulación total.
Pero en el gabinete hubo reproches por la falta de información certera sobre lo que estaba pasando en el tribunal a partir de la incorporación de Horacio Rosatti. Esa ceguera, incluso, opera para lo que viene en todo este proceso.
El punto a favor del gobierno fue haber reaccionado con tranquilidad en público. Eso lo distinguió de los embates del kirchnerismo a la Corte. La separación del jefe de la Aduana, ante la presunción de que estaba al frente de una red de corrupción, buscó fortalecer esa cosmovisión.
Pero no todo es tan lineal. Algunas estimaciones indican que el costo fiscal del fallo del gas se duplicaría con el eventual revés en el conflicto por las facturas de luz y complica el plan macrista de mediano plazo que contemplaba nuevos ajustes.
Además, los aumentos al comercio e industria seguirán cuestionados judicialmente y habrá que ver cuáles serán los nuevos pronunciamientos de los magistrados. Las audiencias públicas no son vinculantes pero serán una caja de resonancia del descontento expresado a través de la oposición, sindicatos, entidades fabriles y asociaciones de consumidores.