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Sábado 09 de Agosto de 2014

Atados con alambre

El primer aniversario de la terrible explosión en Salta 2141 sirve para analizar la responsabilidad del Estado y de la sociedad en materia de seguridad.   

El primer aniversario, el miércoles pasado, de la peor tragedia sufrida en la historia de la ciudad sirvió para repasar lo ocurrido el 6 de agosto de 2013 en los edificios de Salta 2141 y trazar analogías con otras situaciones que se registran a diario, aunque no de esa gravedad, no sólo en Rosario sino en todo el país.

Una sucesión de irresponsabilidades que la Justicia local consideró suficientes como para dictaminar once procesamientos se conjugaron en esa fatídica mañana para que la habitual desidia de la sociedad argentina en materia de seguridad causara la muerte de 22 personas en el centro de la ciudad.

Como casi siempre ocurre cuando los investigadores analizan un accidente aéreo, existen una cadena de situaciones, errores y desprolijidades al mismo tiempo que se van relacionando y que finalmente motivan la caída de un avión. Un solo hecho puntual es muy difícil que por sí solo origine una tragedia. Y eso parece ser lo que ocurrió esa mañana en calle Salta, donde el escenario dantesco causado por la terrible explosión parecía imposible en estas latitudes, con las excepciones vividas en los atentados terroristas de Buenos Aires.

Una mujer desesperada desde una ventana pidiendo que la auxilien, un edificio que había desaparecido y que pocos lo habían advertido en un comienzo, fuego en el ingreso de una de las torres y miradas con agustia de bomberos, policías, vecinos y la propia intendenta que llegó al lugar a los pocos minutos, daban la sensación de un desastre generalizado.

En medio de ese panorama, cuadrillas de Litoral Gas rompiendo desesperadamente la vereda a mazazos para alcanzar el caño de gas que llegaba al edificio y así cortar el suministro para terminar con el fuego. Fue en ese momento donde aparecieron los primeros interrogantes: ¿No existen llaves u otros sistemas mecánicos o computarizados que interrumpan el paso de gas en las calles ante alguna emergencia? Parece que no. ¿El sistema de fluido de gas natural domiciliario en Rosario alcanza los estándares internacionales de seguridad? Dudoso. ¿Los profesionales matriculados tienen periódicas capacitaciones y controles de la empresa? ¿El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) organismo de control en todo el país, además de pagarles suculentos sueldos a sus directivos, ejerce una efectiva fiscalización?

Después del estallido, la empresa prestataria del servicio local cortó a lo largo de varios meses de inspecciones el suministro de gas en más de cien propiedades de la ciudad, incluido un edificio de 190 departamentos ubicado a escasas once cuadras de Salta 2141. Todos esos inmuebles tenían problemas de fugas o potenciales peligros en instalaciones vetustas, por lo que fue pertinente y aconsejable que no pudieran contar con el servicio hasta que se solucionaran las fallas. Pero de no haber existido la explosión de calle Salta, sin dudas que ninguna de esas propiedades hubiese tenido hoy el gas cortado. ¿Por qué? Por la pésima costumbre de atar todo con alambre (una expresión que nos define bien a los argentinos), sin medir los peligros y la consecuencias hasta que un día algo estalle. Y estalló.

Pocos días después, otra tragedia: dos nenas que fueron a divertirse a un parque de diversiones terminaron muertas porque un carrito de uno de los juegos se desprendió y cayó desde varios metros de altura. Otra vez las concatenación de fallas de control, de responsabilidad empresarial, entre otras, causantes de un drama evitable. No solamente es el Estado el responsable por sus falencias en aplicar el poder de policía, sino también el conjunto de la sociedad siempre lábil a transgredir la norma, a encontrar el atajo para el beneficio o satisfacción particular sin medir las consecuencias.

Los ejemplos abundan. Las crónicas denuncias contra algunos boliches de la ciudad que permiten el ingreso de más gente de la capacidad permitida del local, que admiten menores de edad y les venden alcohol, entre otras irregularidades, han sido moneda corriente desde tiempos inmemoriales. ¿Quién es el responsable? El Estado debe contar con funcionarios no permeables al soborno que impidan esas situaciones, pero al mismo tiempo es imposible colocar un inspector en cada boliche todas las noches de actividad. ¿Entonces? Empresarios y padres son también responsables por conocidas y peligrosas inconductas que hasta ahora, y sólo por fortuna, no han derivado en dramas mayores.

El tránsito otorga aún más elementos para el análisis. La omnipotencia o tal vez una sobreestimulada pulsión de muerte son los causantes de la estúpida pérdida de vidas humanas. Todos recuerdan seguramente a un ex presidente que se jactaba de viajar a 180 kilómetros por hora por la ruta con un auto importado de Italia que le habían regalado.

La violación permanente a las disposiciones, reglas y conductas son, sumadas a la responsabilidad del Estado que no mantiene en condiciones los caminos, causas de muertes perfectamente evitables. Además, no hay control posible que sea efectivo si los encargados de hacer cumplir la ley están más interesados en recibir prebendas producto del abuso de autoridad que en reprimir la transgresión. Ni tampoco cuando quienes violan la ley conocen el recurso de la coima para salir airosos de sus faltas. El Estado, sus funcionarios, y los particulares se conjugan en la creación de un monstruo fatal. Y por eso en las rutas y calles se ven vehículos que no podrían circular porque carecen de elementales normas de seguridad, motos con hasta cuatro pasajeros y algunas unidades de transporte de media distancia que son piezas de museo. En Rosario, por ejemplo, es casi imposible circular por la mano derecha porque los vehículos estacionados en doble fila lo impiden, camiones que descargan fuera del horario permitido taponan el tránsito y taxistas que levantan pasajeros en cualquier parte para no perder un viaje complican aún más el de por sí difícil panorama. ¿El Estado puede estar presente en cada esquina de la ciudad o cruce de ruta para controlar a cada uno de los conductores?

Las empresas de servicios públicos y las constructoras aportan lo suyo. ¿Quién no ha visto por la ciudad nichos de medidores de gas sin tapa y con los caños expuestos? ¿Quién no ha descubierto con solo una mirada atenta cajas de la EPE totalmente oxidadas y con cables a la vista? Pero no son solamente esas compañías las responsables de problemas mayores. Empresas de construcción o de servicios privados que cavan sin consultar planos municipales y rompen cañerías de gas o luz o medianeras que se caen y afectan a los vecinos contribuyen con esmero a un descontrol generalizado en muchas áreas de la sociedad.

En verano, son clásicas las fotografías de miles de personas en el agua en un sector de la rambla Catalunya donde se prohíbe bañarse. Hay un enorme cartel que advierte del peligro, pero nadie lo respeta hasta que alguien se ahoga en el río. Además, el tráfico náutico cada vez más voluminoso por el Paraná está regido por estrictas normativas que no todos parecen cumplir a la luz de resonantes accidentes fatales. ¿Prefectura Naval puede controlar con eficacia centenares de embarcaciones? ¿Y la responsabilidad de los dueños de los barcos que navegan por el río?

El Estado no es una cosa ajena, sino producto de la sociedad que lo sustenta. No se puede esperar todo de él, pero tampoco que se desentienda de hacer cumplir las normas en beneficio de la comunidad. Cuando se hizo muy el distraído, décadas pasadas, el final fue atroz y por todos conocido.

Si el Estado se afirma en la patética modalidad cultural argentina de impericia e inacción y a eso se le suma la búsqueda permanente de la transgresión de la norma por parte de los particulares, se explica en parte lo que ocurrió en la calle Salta. Y no será el último caso si todo sigue igual y atado con alambre.

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