Opinión
Lunes 15 de Agosto de 2016

Argumentos y relaciones de poder

Coyuntura crucial. El gobierno socialista de Santa Fe enfrenta circunstancias decisivas en dos frentes. Por un lado, el laberinto de las tarifas no encuentra aún una salida. Y por el otro, la reforma constitucional continúa planteando dilemas.

Como un foucaultiano de la primera hora, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, parece estar convencido de la imposibilidad de separar el discurso de las relaciones de poder. Es aquél el que produce significados, el que dará sino positivo o negativo a algo; el que dirá, en definitiva, si es o no realizable, y el que condicionará a éstas.

Lo interesante en interpretar la estrategia oficial en algunas cuestiones de crucial actualidad esta dado porque, a su vez, la Casa Gris, pareciera adherir al juego confrontativo de pesos y contrapesos de Habermas —quien discutiera la teoría del poder con Foucault— en la búsqueda de consensos a partir de argumentación versus contraargumentación.

Veamos. Una jueza federal le otorgó, difícilmente sin darse cuenta, la mejor coartada para que la discusión en torno al aumento tarifario en la mayoría de las provincias saliera del plano de la decisión política y quedara mediante ese clivaje en un terreno que le es ajeno, el judicial, aunque en sintonía con las novedades que deberá producir esta semana la Corte Suprema, según se dice.

Aquel gobernador que salga a anunciar a sus ciudadanos que retrotrae las tarifas de los servicios públicos a fecha anterior a la de sus incrementos, aumentaría su popularidad de modo superlativo. ¿No es ilógico que, dependiendo de la valoración social de su imagen como dependen todos los políticos y más aún los que llegan a los puestos más encumbrados, no hagan tal cosa si pudieran?

En todo caso, no resultaría responsable ni serio. Porque eso hizo durante muchos años el gobierno kirchnerista y disfrazó las distorsiones que ello produjo. Hasta que llegó el macrismo con su manual de torpezas que cumplió una a una hasta encerrarse en su propia trampa de la que espera que la justicia lo salve.

En las provincias, la situación tiene matices que conviene vislumbrar. El gas y la energía eléctrica se compran. En el caso de Santa Fe sólo la electricidad es distribuida por una empresa estatal provincial: la EPE. Y es ésta la que acaba de dar a entender que la jueza federal de San Martín, María Isabel Forns, en lugar de modificar la situación clarificándola contribuyó a enmarañarla más aún.

Es verdad que la jueza dispuso la suspensión del aumento en la tarifa eléctrica dispuesto, de modo desprolijo e irregular, por el inefable ministro Aranguren en todo el país. Sin embargo, hay un pero. Y como es previsible a ese "pero" se aferró la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Sociedad Anónima (Cammesa) para mantener el aumento.

Ese pero está dado porque la jueza dispuso la suspensión del aumento por medio de una cautelar interina que el Estado nacional respondió en tres días y por ende Cammesa les cobra igual con aumento a las provincias. Si la energía se compra más cara, las provincias dicen que no tienen más remedio que venderla más cara.

Ahora bien, para un ciudadano de a pie como dicen los españoles, ¿que es Cammesa? Una entelequia. El que le cobra luz es la EPE (su logo está estampado en la boleta que tiran debajo de la puerta) y la EPE es el Estado provincial cuya instancia máxima de decisión es el gobernador. Un razonamiento lineal en el que no sonaría ilógico escuchar que es Lifschitz quien nos cobra más cara la luz. O que no baja el precio porque no quiere. Y, entonces, él y cualquier otro gobernador se ganan el descrédito público que es exactamente lo inverso a lo que buscan como funcionarios y a lo que necesitan como políticos.

Volvamos a la pregunta qué es Cammesa. Una empresa pública del área del Ministerio de Energía y Minería de la Nación integrado por el Estado nacional y cuatro organizaciones como Ageera la que, según su página web oficial, "es una asociación civil, sin fines de lucro, creada mediante el Decreto 1192/92 del 10 de julio de 1992, que se constituyó el 29 de julio de 1992 y nuclea a la mayor parte de las empresas generadoras de electricidad del país" Ageera es accionista del 20 por ciento del capital de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico (Cammesa), de la misma manera que la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera), la Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (Agueera), la Asociación de Transportistas de Energía Eléctrica de la República Argentina (Ateera) y el Estado nacional.

Dice también en su portal Ageera que "propicia el adecuado funcionamiento y la transparencia del mercado eléctrico, con señales de precio y seguridad jurídica que aseguren el abastecimiento eléctrico, garantizando a todos los usuarios del país, en el corto y largo plazo, un servicio de calidad" y que su misión es "velar por la correcta operación del sistema eléctrico, el funcionamiento y la transparencia del mercado".

El primero en decir que la EPE no puede —de lo que se puede inferir que no es no quiera, si así de buenos fueran— bajar las tarifas fue Lifschitz. Es decir, el gobernador cargó el costo político de dar la mala nueva a sus ciudadanos: muchachos paguen para no acumular deuda, sería la traducción para nosotros los del barrio.

Esa admisión de impotencia política no se asume si se puede impedir. Los gobernadores, Lifschitz no ha sido el único, saben también que si no ayudan a que el gobierno central salga de este atolladero la rueda se seguirá hundiendo en el fango y la marcha para donde quiera que salga la gestión macrista será imposible. Los ciudadanos no deben ilusionarse en que los servicios bajarán sus costos. La racionalidad indica que la Corte Suprema no puede ordenar borrón y cuenta nueva. Eso en Santa Fe, por ejemplo, le significaría a la EPE anular tres facturaciones y volverlas a calcular con una pérdida que debería, por ser empresa estatal, cubrir el Estado provincial.

Ello, a su vez, constituiría una injusticia mayor. Porque el aumento sólo en la última facturación, cuando se buscó unificar un porcentaje disociado del consumo, sería parecido para todos pero no así los anteriores que estuvieron de acuerdo al consumo. Es decir, fue mayor porcentualmente para quienes más consumieron pero si el Estado provincial absorbiera todo, lo haría con lo que recaudación de impuestos y haría pagar por igual a quienes menos hubieren consumido que aquellos que más lo hicieron.

"No es conveniente retrotraer el cuadro tarifario de los servicios públicos establecido por el gobierno nacional porque sería muy complejo para las distribuidoras provinciales", dijo Lifschitz el miércoles pasado acompañado de su par de Salta, Juan Manuel Urtubey.

Discurso y relaciones de poder. Argumentos y contraargumentos. Esto se ve más claro todavía en el otro tema de actualidad —no porque figure en la cotidianeidad de los ciudadanos aunque le afecte más de lo que cada uno pueda advertir sino porque en ello está empeñado el gobernador Lifschitz— como es el proceso en marcha para alcanzar la reforma constitucional.

Adviértaselo en este informe al gobernador del 20 de julio pasado en el que se expusieran los ejes conceptuales que caracterizan y definen el espíritu de la discusión ciudadana para una reforma constitucional. Es decir los argumentos: ¿por qué es necesaria la reforma de la Constitución? Ahí se propone —esto ya lo dijimos—anclar la necesidad de reforma en el Plan Estratégico de la provincia que propicia "definir políticas de Estado, pensando en el mediano y largo plazo" y ésta debe ser una de esas políticas de Estado.

Ello por sí solo no responde al por qué es necesaria la reforma de la Constitución "como respuestas estructurales a las necesidades más importantes de la sociedad", entonces se necesita una estrategia comunicacional "para que en clave sencilla, accesible, permita visualizar de derechos, beneficios para el ciudadano común, a partir de los temas propuestos; argumentos posibles: Es necesaria la reforma constitucional entre otras razones, porque actualiza un andamiaje institucional modificado por última vez en abril 1962 ( hace 54 años); Santa Fe no adhirió al mayoritario espíritu reformista de mediados de los 80, luego de la recuperación democrática y que signó el derecho público provincial argentino; Santa Fe tampoco modificó su texto pese a la Reforma Nacional de 1994 que estableció nuevos paradigmas en el horizonte político, jurídico y constitucional en la Argentina, como la democracia y los derechos humanos; es necesario consolidar en la norma suprema provincial los avances institucionales en cuanto al reconocimiento de nuevos derechos y garantías producido en los últimos años en la región latinoamericana, en el país y en nuestra propia provincia; resulta imperioso adaptar a nuestra época aspectos que hacen a la organización e institucionalización de los poderes del Estado, haciéndolos más representativos, participativos, eficientes y transparentes; Santa Fe ha sido el lugar con la más rica historia constitucional de toda la Argentina. Ha sido no sólo sede de la Constitución fundacional de 1853 sino de todas las reformas constitucionales posteriores. Y tiene Santa Fe antecedentes valiosos como la Constitución santafesina de 1921 por su carácter progresista y innovador en muchas de las instituciones que la misma creó y aún no están consagradas en la actual Constitución: entre otras, la autonomía municipal y las formas semidirectas de democracia (referendum, iniciativa y revocatoria de mandatos) y, finalmente, se pretende una Constitución santafesina para el siglo XXI. De la que ya hablamos en el artículo del lunes pasado.

En síntesis el discurso que dará sentido es la Constitución que tenemos versus la que queremos. Una es estática y ésta será dinámica, abierta, que se construirá con el aporte de gobierno, partidos políticos, académicos, sociedad civil. Esto es argumentos y contraargumentos para incidir en las relaciones de poder dadas en que cuanto más consenso social se consiga más presión habrá sobre los partidos que deberán hacer que sus legisladores levanten la mano para aprobar una ley que diga sí a la reforma.

Como el radicalismo ya dijo, el miércoles, que sí acompañará aunque si se consigue que los demás partidos lo hagan (un "ni" que contribuye poco por ahora) Lifschitz debe seducir al PRO y al PJ al menos para que no entorpezcan el proceso. ¿El gesto de avalar indirectamente los aumentos tarifarios de Macri junto a otros gobernadores tiene que ver con eso? Este fin de semana un grupo de peronistas históricos se reunió en Santa Fe —nombres como Reviglio, Vernet, Robles, Carranza, entre otros conocidos figuraban en las listas— ¿podrán crear un poder que compita con el de los senadores peronistas que dicen que ya le han dicho que sí a la reforma? La denuncia de Boasso con Lanata sobre los subsidios que reparten los senadores buscó horadar ese respaldo a la reforma a la que por ahora el PRO, no parece dispuesto por ahora.

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