Opinión
Martes 30 de Agosto de 2016

Apuntes sobre la reforma constitucional

La Carta Magna santafesina. La parte orgánica, que es la que organiza el poder y los órganos de gobierno, sí requiere de modificaciones que mejoren la calidad de las instituciones provinciales.

La decisión del gobernador de la provincia de impulsar la reforma de la Constitución santafesina ha logrado captar la atención de políticos y especialistas. Sin embargo, aún no ha despertado el interés de la población que está preocupada por la inseguridad, la economía y la ocupación. Cabe preguntarnos, entonces, si la reforma es necesaria y, en su caso, si es oportuna.

Sin dejar de reconocer que nuestra Constitución -que data de 1962- fue de avanzada para la época de su sanción, juristas y actores políticos coinciden en que debe adecuarse a la Constitución nacional reformada en 1994.

Así, hay cierto consenso sobre la necesidad de incorporar a su parte dogmática, que es la que reconoce los derechos y garantías de los ciudadanos, los nuevos derechos consagrados por la reforma del 94.

Sin embargo, esta cuestión no parece ser urgente ya que, de igual modo, somos titulares de esos nuevos derechos -aun cuando no estén incorporados en la Constitución provincial- por aplicación de la propia Constitución nacional que, como reza su artículo 31, es ley suprema de la Nación -como lo son las leyes nacionales y los tratados internacionales- y las autoridades provinciales, sus constituciones y sus leyes se deben conformar a ella, aun cuando contengan disposiciones en contrario. En consecuencia, la reforma de la parte dogmática supone más un aggiornamento que un beneficio efectivo para la gente.

En cambio, la parte orgánica de la Carta Magna provincial, que es la que organiza el poder y los órganos de gobierno, sí requiere de reformas que mejoren la calidad de las instituciones provinciales. Solo como ejemplo -por cuestiones de espacio- es necesario: a) distribuir la totalidad de las bancas de los diputados en proporción a los sufragios obtenidos por cada fuerza política (v.g., por sistema D'Hondt); b) incorporar en su texto al Consejo de la Magistratura provincial para que elija y envíe al Poder Ejecutivo las ternas -de carácter vinculante- para la elección de jueces y para que se encargue de enjuiciar y destituir a los magistrados judiciales que se encuentran incursos en alguna de las causales establecidas por la ley; c) regular la autonomía municipal, que no debe limitarse a algunos centros urbanos ya que toda población tiene derecho a elegir su destino sancionando su propia carta orgánica; d) extender el mandato de los presidentes de comunas a cuatro años; entre otras.

Otras dos cuestiones, de seguro, van a despertar opiniones diversas y hasta encontradas sobre la organización del gobierno: la reelección y la bicameralidad.

Respecto de la reelección es necesario aclarar que, según la Constitución provincial y las leyes inferiores, los cargos de gobernador, intendentes, legisladores y concejales son reelegibles in eternum, con la salvedad de que el gobernador no puede cumplir mandatos sucesivos lo que sí está permitido para los demás.

Sobre esta cuestión vale decir que sistemas hay muchos y variados. A modo de ejemplo, la Constitución americana permite una sola reelección del presidente que puede o no ser sucesiva; una vez cumplidos los dos mandatos ese ciudadano no podrá volver a ser elegido. La Constitución mexicana, en cambio, prohíbe la reelección de su presidente, en tanto que la ley aprobada recientemente en la provincia de Buenos Aires prevé que intendentes, concejales, consejeros escolares, diputados y senadores podrán ser reelectos sólo por un nuevo período y que, luego de una reelección, no podrán ser elegidos en el mismo cargo si no es con un intervalo de un período.

Por su parte, la discusión sobre la composición de la Legislatura provincial se puede resolver en favor de la bicameralidad o de la unicameralidad; pero la solución que se adopte, sea cual fuere, se debe sustentar en criterios de equilibrio y ecuanimidad de manera que el ciudadano que reside en una comunidad pequeña tenga la misma representación -y su voz sea escuchada- que el que reside en alguna de las dos metrópolis de la provincia.

Estas y otras cuestiones nos permiten pensar que la reforma debe contar con un gran consenso.

Una Constitución no es otra cosa que el estatuto organizacional de una sociedad y la oportunidad, mérito y conveniencia de su reforma requiere del acuerdo de todos, de los ciudadanos y de sus representantes. Es imprescindible que la iniciativa gubernamental sea conocida por toda la población, que se explique en audiencias públicas y, por qué no, que se consulte al pueblo sobre los temas más problemáticos.

Una buena manera de inaugurar mecanismos de democracia directa que le darán mayor legitimidad a la reforma.

Gustavo César Vera / Ex presidente del Consejo de la Magistratura

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