La ciudad
Martes 29 de Noviembre de 2016

Antonio Gómez: "Detrás de cada delito ambiental hay un funcionario corrupto"

Además de fiscal federal, es el representante de la Argentina ante la Red Latinoamericana de los Ministerios Públicos Ambientales. Disertó en Rosario sobre el papel de las organizaciones sociales en la defensa de un ambiente sano, invitado por la Facultad de Derecho de la UNR.

La permisividad del Estado ante los delitos ambientales que se multiplican en todo el territorio de Argentina es inversamente proporcional al trabajo de las organizaciones sociales presentes en los territorios, que son las que toman la posta a la hora de defender el derecho humano de un ambiente sano.

Sobre ese eje transitó la charla "La importancia del reclamo social en los delitos ambientales" del fiscal federal del NOA Antonio Gómez, quien estuvo en Rosario invitado por el Centro de Investigaciones en Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UNR.

Según Gómez, quien participó del juicio contra la empresa minera La Alumbrera (que contaminó cursos de agua con metales pesados en Catamarca), la Justicia está "perfectamente capacitada" para tratar delitos ambientales, lo que no ocurre muchas veces "porque faltan jueces valientes".

—En estos últimos años se habla mucho de los conflictos ambientales. ¿A qué se debe esa mayor visualización?

—En realidad no es algo tan nuevo, yo hace más de 30 años que investigo crímenes ambientales así que existe una experiencia en ese sentido, pero probablemente no teníamos tanto protagonismo como en los últimos años. Por ejemplo en la película Horizont, que habla sobre el desastre por derrame de petróleo en el golfo de México, se demuestra de qué forma las empresas multinacionales han empezó a cambiar hasta las más elementales normas de seguridad a cambio de ganar dinero, en perjuicio del medio ambiente y de las vidas humanas. Me parece que la eclosión del tema ambiental tiene que ver con el factor de la comunicación, los medios juegan un rol fundamental en estas situaciones porque se han difundido estos temas a partir de los reclamos sociales. Si no hubiera organizaciones ambientalistas e institutos dentro de las universidades que analizan estos temas, probablemente no impactarían tanto estos temas después en los medios.

—¿Por qué el poder político no registra estas demandas?

—La regla general es que el poder político y el poder económico siempre están sentados en la misma balancita de la Justicia. Un detalle interesante es que no importa la orientación política de los gobiernos, no importa que sean kirchneristas o macristas o comunistas o conservadores, todos los partidos políticos coinciden si se trata de hacer dinero en base a la salud del ambiente. Nosotros en Tucumán estamos investigando y ya tenemos procesado al CEO de una empresa minera llamada La Alumbrera, una firma de 2 mil millones de dólares. Imaginemos que un intendente de cualquier ciudad del Partido Comunista o del Partido Obrero escucha que una empresa ofrece 2 mil millones de dólares para darle trabajo a mil familias de la zona a cambio de contaminar un poco el agua y el aire. Yo le aseguro que le besan el anillo a la empresa.

—Eso se verificó durante el ciclo de gobiernos progresistas en la región, durante el cual todos abrazaron políticas extractivistas...

—Es que no hay cambios según los signos políticos de los gobiernos, lo cual reviste una gravedad inusitada. Por eso es la sociedad, los ciudadanos de a pie, las cátedras universitarias los que tienen que hacer foco en la defensa de una casa común, como dice la encíclica del Papa Francisco.

—¿El Poder Judicial argentino está capacitado para tratar causas ambientales?

—Hay un gran tabú con ese tema también, yo creo que el Poder Judicial está perfectamente capacitado, que los fiscales están ampliamente preparados para iniciar causas penales por crímenes ambientales. El problema es que muchas veces se atienden teléfonos que nunca suenan y muchas veces están mas atentos a lo que pueda llegar a decir el poder político y el poder económico. No se necesita haber estudiado largas horas de derecho ambiental para tomar decisiones correctas, lo que hace falta son jueces valientes que se animen a tomar esas decisiones.

—Ha mostrado muchas fallas el Estado hasta ahora a la hora de defender las cuestiones socioambientales...

—Lo que está haciendo el Estado es ponerse del lado de las empresas, entonces ataca a los ambientalistas y a las asociaciones. Detrás de cada delito ambiental siempre hay un funcionario público corrupto, nunca llegamos al crimen ambiental si antes no hay un funcionario público que apaña esa situación.

—¿Cuál es el papel de las organizaciones sociales ante esa inacción o complicidad estatal?

—La sociedad, las organizaciones y las ONGs muchas veces se tienen que hacer cargo de querellas penales tratándose de gente pobre, con pocos recursos, pero que sin embargo logran poner en jaque a todo un sistema empresarial que hace dinero con esto. Tomo el ejemplo de Córdoba donde un grupo de madres del barrio Ituzaingó abrió una causa penal y durante diez años tuvieron esa persistencia hasta que obtuvieron la condena del empresario y del aviador que les tiraban agrotóxicos por encima de las casas. Si se hace una proyección histórica toda esa presión social de años llevó a que una empresa como Monsanto tuviera que dejar el lugar.

—Empresa recientemente adquirida por Bayer...

—Justamente Bayer tiene la primera causa por un crimen ambiental importante en el país, como fue el enterramiento de tóxicos en una zona de Santiago del Estero llamada La Argentina. Allí descargaron una cantidad de tóxicos tremenda, fueron con un tren, bajaron el vagón y lo enterraron demasiado cerca de la superficie creyendo que, como era un pueblo perdido de Santiago del Estero, no iba a pasar nada. Sin embargo se abrió una causa penal ambiental, que terminó prescripta porque falló un factor que fue la presión social, porque el pueblo de La Argentina no tuvo la fuerza para reclamar como querellante en el juzgado federal de esa provincia.

—¿No es terrible que el avance de las causas ambientales sólo dependa de si existe presión social?

—Lo es, pero esa es la historia de nuestro país. ¿De dónde hemos aprendido esta experiencia? Por ejemplo de las Madres de Plaza de Mayo, que se pasaron 30 años hasta que pudieron abrir las primeras causas. En estos días, la fiscal ante la Corte Penal Internacional con sede en La Haya sacó un documento donde incluye a los crímenes ambientales, a los desplazados por crímenes ambientales, dentro de los delitos de lesa humanidad. Eso es muy nuevo y vale preguntarse cómo impactará en nuestro mundo jurídico. Yo espero que así como se crearon cátedras de derechos humanos en casi todas las universidades en los últimos años, podamos aprovechar estas cátedras para incluir el derecho penal ambiental, porque cualquier delito ambiental es un delito contra la humanidad.

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