Economía
Viernes 11 de Noviembre de 2016

Aníbal Fernández, a juicio por el Plan Qunita

La medida también alcanza a Daniel Gollán, ex ministro de Salud. Se los acusa de direccionar la licitación y por sobreprecios

El juez federal Claudio Bonadio dispuso ayer la elevación a juicio de la causa Qunita, en la que se encuentran procesados, entre otros, el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y el ex ministro de Salud Daniel Gollán.

El juez consideró que existe suficiente prueba para sospechar de irregularidades en la selección y adquisición de materiales para el Plan Qunita, en el que se habría diseñado un pliego a medida y se habría direccionado la licitación para que resulten ganadoras seis empresas que carecían de antecedentes vinculados con los productos en cuestión.

A la vez, la licitación se habría adjudicado a precios injustificados, que superaban el valor de referencia informado por la Sigen (4.096 pesos) y se abonaron los kits a pesar de no contener todos los elementos fijados en el pliego.

"Son numerosas las pruebas reunidas en este sentido y valoradas en cada uno de los requerimientos que permiten sospechar la existencia de precios abultados intencionalmente y que habilitan sin lugar a dudas el paso de esta investigación a la siguiente etapa", indicó Bonadio en su fallo.

La causa se inició tras una denuncia de la legisladora Graciela Ocaña a raíz de la compra de 140.000 kits del Plan Qunita, que fue presentado por la ex presidenta Cristina Kirchner en enero de 2015 y consistía en que todas las mujeres beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) recibieran una cuna, sábanas, frazada y otros elementos básicos para la crianza del recién nacido.

La elevación a juicio había sido solicitada por la Oficina Anticorrupción (OA), que como querellante de la causa había planteado que se hallaba completa la instrucción respecto de los 18 procesados, lo mismo que el fiscal federal Eduardo Taiano.

En esa oportunidad, la OA había expresado que Gollán, en el carácter de ministro de Salud, "refrendó el acto que aprobó la licitación y dispuso la adjudicación a las seis firmas seleccionadas, a pesar de las irregularidades que presentaba el trámite y del monto excesivo e injustificado de las ofertas que habían sido recibidas".

Fernández, por su parte, "en su calidad de jefe de Gabinete de ministros, adoptó la decisión de aprobar la licitación y adjudicarla en favor de las seis empresas irregularmente seleccionadas y de ese modo obligó abusivamente a la administración, puesto que el monto de la contratación resultaba excesivo e injustificado".

Comentarios