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Domingo 16 de Junio de 2013

Angeles, la virgen de Rosario y la de los sicarios

Las historias se repiten porque se insiste en gatillar en las mismas causas. Imprevisión, desidia, inacción dolosa y corrupta. 

“Es una locura hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes”. La monumental frase de Albert Eisntein repicó silenciosamente en la semana que pasó a lo largo y ancho de nuestro país. Las historias se repiten porque se insiste en gatillar en las mismas causas. Imprevisión, desidia, inacción dolosa y corrupta. Otro tren que choca y mata a simples trabajadores, un ministro de seguridad que es amedrentado por una banda narco con ausencia de que esto sea un tema de Estado, la política enroscada en pujas egoístas por cargos de espalda a la realidad inmediata y el ejercicio republicano empobrecido por denuestos recíprocos entre los inquilinos del poder. Si hasta el impactante crimen de una chica de 16 años nos mostró, otra vez, con la repetida cuota de morbosidad a la hora de jugar a los detectives por TV antes que defender el derecho de la justicia a imputar legalmente a un delincuente.

La denuncia que presentó el juez Juan Carlos Vienna ante su par Alejandra Rodenas es gravísima. En privado, entre quienes frecuentan al magistrado, se escucharon detalles mucho más espeluznantes que los que trascendieron en el tribunal. Esto solo habría exigido que el flamante ministro de Defensa Agustín Rossi hubiese dejado sus enconos políticos para mostrarse al lado de Raúl Lamberto y del doctor Vienna. No es buen comienzo para el ex jefe de los diputados oficialistas ni para el novel ministro Puricelli, hoy custodios de las fuerzas federales de todos y todas. Porque Santa Fe, se recuerda por las dudas, está en territorio nacional aunque la gobierne un partido de la oposición. Y, de paso, el narcotráfico es delito federal.

El panorama, basado en datos objetivos, de crímenes en Rosario a la luz del día o “vendettas” de sicarios cada vez más frecuentes, debería haber generado gestos inequívocos del gobierno nacional como trasladar todo el gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación a nuestra ciudad y dar la cara pública e inequívocamente por dos funcionarios a los que se planeó agredir en algún viaje por la autopista a Santa Fe. La inteligencia sobre esta banda de delincuentes permite pensar que esta hipótesis existió. ¿Se tiene claro de lo que estamos hablando? ¿Habrán visto los encargados de mantener la paz social la película “La virgen de los sicarios? No hubo ni un twit sobre el tema de quienes aburren desde poder nacional con esta red social.

El gobierno de Cristina Kirchner no tiene entre sus prioridades darle batalla al crimen de los narcotraficantes. Ni en Santa Fe ni en ninguna parte del territorio nacional en donde, por sólo ejemplificar, pueden aparecer a la vista de todos pistas de aterrizaje clandestinas en el Chaco del gobernador Capitanich que cree mejorar la democracia con diputados de 20 años o convoyes de mulas en la Salta de Urtubey que surcan las montañas sin ser controlados con una escuálida decena de uniformados, impotentes para nada serio. La presidente está librando otra batalla. Su pelea, a todo o nada, es contra un verdadero monopolio de prensa al que quiere ver de rodillas, dentro o fuera de la ley, y contra lo que ella define como sus “amparistas”: los jueces. María Romilda Servini de Cubría advirtió a la Corte Suprema de su fallo contra la elección de consejeros de la Magistratura. Lo hizo antes de tomarse una estratégica semana de vacaciones en una charla con uno de los ministros máximos de los jueces y a la vista de todos los que caminan la Corte. Esto les ha dado tiempo a los magistrados para borronear una sentencia que, dicen en el palacio de Justicia, no pasará de ser dada a conocer del miércoles o jueves que viene. “Los supremos están muy tensos y sentidos con el ejecutivo¨, graficó un integrante de una de las relatorías a este cronista. “Lo mejor que puede esperar el gobierno es un empate en uno a uno”, concluyó. Esto supondría resolver en contra de la elección popular de selectores de jueces (mejor dicho, populista, como explica el contundente considerando del fallo de Servini que demuele todos los argumentos del kirchnerismo para impulsar este sistema. Se recomienda su lectura) y avalar la ley de medios que, casualmente, llegó este viernes pasado a consideración del tribunal. Sin embargo, el empate no será simultáneo. La resolución de la ley de la magistratura sale esta semana que empieza mañana. Para el “fallo Clarín” habrá que esperar.

Si esto es así, la presidente montará su campaña para las primarias en una diatriba encendida contra la corporación judicial por pretender cogobernar. Más allá de que es inadmisible que una sentencia para la ley de medios deba esperarse cuatro años (para esto, para los jubilados, para un desalojo y siguen las firmas) el pretendido enojo de la doctora Kirchner porque los jueces participan del gobierno es inconstitucional de toda flagrancia. Claro que los jueces gobiernan. También los legisladores. Eso es la república de la división de poderes. Lo que los magistrados no pueden hacer es administrar el país porque para eso se pensó en el Poder Ejecutivo. Pero controlar la legalidad, dictar sentencias que se convierten en normas ciudadanas, se hace aquí y en todas las democracias sanas.

 

Las “Corpo”. La presidente no se cansó ni se cansará de criticar a la corporación judicial. Sería bueno que no se olvidase de otro estamento oscuro y privilegiado que volvió a ser el autor de la tragedia del tren de Castelar. Allí no hubo accidente sino siniestro doloso. Y no del motorman, apenas otra víctima del desquiciado sistema. Un accidente aparece por algo imprevisible, del orden de lo extraordinario. Aquí hubo deliberación y alevosía nacida de la “revolución productiva” que liquidó los trenes en los 90 (“ramal que para, ramal que cierra”) seguida por la “década ganada” que, en este particular, mantuvo los mismos concesionarios privados a los que se subsidió sin límite ni control y robaron desde vías a talleres ferroviarios y sustrajeron fortunas y seguridad en los trenes. ¿Con qué cara se critica al espantoso modo de gestionar de Carlos Menem en materia de transporte cuando todavía los talleres ferroviarios están en manos de los hermano Cirigliano y de un puñado de empresarios llenos de prebendas y favorecidos por este gobierno desde 2003? De paso, habrá que ver con qué temple los senadores nacionales del FPV defienden no desaforar al ex presidente Menem, condenado a pena efectiva por tráfico de armas. Sería bueno que ya se pronunciara, por ejemplo, Roxana Latorre. Florencio Randazzo, decapitado por este siniestro ferroviario como candidato a diputado por Buenos Aires, no merecía tener que hacerse cargo de esta tragedia porque en 11 meses de gestión trató de cambiar algunas cosas. Pocas, pero algunas como ahorrar dos millones de dólares por vagón comprado. Pero su responsabilidad surge de la continuidad con su antecesor en el cargo, tan kirchnerista como él. ¿Y el secretario de Transporte Alejandro Ramos? Es el responsable técnico y específico del área. Sigue en su cargo.

La oposición, también en esto, volvió a mostrar su desconcierto. Con la única excepción de Fernando Pino Solanas que ya había denunciado el desguace de los trenes en su memorable film “La próxima estación”, el resto siguió la muerte de 3 jóvenes y más de 400 heridos sentados en las poltronas de las componendas de alianzas y listas para las elecciones. Una pena. Porque esto que pasó con los ferrocarriles se lleva todos los días muchas vidas como la de las maestra jardineras santafesinas que se estrellaron en una ruta con niebla. Un tren como tuvimos hace 40 años lo hubiera evitado.
Como si fuera poco, la atención pública (sic) de estas horas se centró en el horrible crimen de una joven porteña de 16 años. Si los medios de comunicación y los periodistas reclamamos el derecho a ser parte del debate de los temas de importancia social, deberíamos preguntarnos si no es demasiado haber convertido a los medios, especialmente la televisión y la radio, en una inapropiado nuevo tribunal de resolución sumarísima en donde un prejuicio pretender ser una prueba y un trascendido infundado se equipara a un auto de procesamiento del órgano judicial. Sería bueno plantearnos si no es conveniente desenchufar el “minuto a minuto” del rating mediático en temas de conmoción social como un crimen tan impactante o como una tragedia en un ferrocarril. Nos ayudaría a no competir por la audiencia sino por el sentido común. Nos haría mejores profesionales y mejores personas. Apenas es una propuesta. Otra vez Einstein viene a la mente. “El universo y la estupidez humana son infinitos. Aunque el universo, no tanto”.

 

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