Opinión
Viernes 21 de Octubre de 2016

Alarma social y pena anticipada

Estado de derecho. Dos profesionales de Rosario analizan la acción penal que rodeó la causa por presuntos delitos económicos. Feldman advierte que la actuación de los fiscales debe respetar expresamente lo que establece la Constitución y no transformarse en una novela.

La forma, modo, tiempo y circunstancias en que el Estado investiga y persigue penalmente a un individuo sin dudas marcan el mayor o menor "standard" de un Estado de derecho. El ejercicio de la acción penal por parte del Estado debe estar sujeto estrictamente a la Constitución, incluyendo las normas internacionales de protección de los derechos humanos y la interpretación de estas normas que emana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Lamentablemente los fiscales que llevan adelante el rimbombante caso de supuesta criminalidad de cuello blanco (criminalidad económica) que conmociona a Rosario en la actualidad privilegian la "alarma social" que ellos mismos se encargaron de construir por encima de la Constitución.

La Constitución nacional no quiere que se imponga una pena durante el proceso. Así, la denominada "prisión preventiva" sólo se justifica excepcionalísimamente y para imponerla —es decir para privar de su libertad a un inocente— sólo son aceptables dos circunstancias justificantes: que el imputado estando en libertad pueda entorpecer la investigación; o que existan pruebas en cuanto a que evadirá la acción de la Justicia, es decir, que se fugará. Cualquier otra cuestión que no sean estas dos pautas de neto corte procesal y cautelar se encuentra reñida con la Constitución.

La causal de "conmoción social o repercusión social, o de alarma social" para justificar el encarcelamiento durante el proceso fue introducida a la legislación argentina por la máxima expresión del régimen más sangriento y del gobierno más ineficiente de la historia argentina: Jorge Rafael Videla. En efecto , el 6 de mayo de 1976, poco después del golpe del 24 de marzo de ese año, se publicó en el boletín oficial la denominada ley 21.306, con las firmas del delincuente de lesa humanidad Videla y de su ministro de Justicia de entonces, Alberto Rodríguez Varela. La modificación al art. 380 del Código Procesal en Materia Penal de la Nación de entonces disponía que "no se concederá la excarcelación cuando por la índole del delito y de las circunstancias que lo han acompañado o por la personalidad del imputado fuere inconveniente la concesión del beneficio en razón de su peligrosidad o por la gravedad y repercusión social del hecho". Esta norma estuvo en vigor y fue duramente aplicada por los fiscales y jueces federales de entonces; hasta febrero de 1984 en que el Parlamento la derogó.

Todo lo que implique encarcelamiento de quien aun no fue declarado culpable por razones que no sean de neto corte procesal —peligro de entorpecer la investigación o de fuga— como la "alarma social" que cause el hecho, son inconstitucionales.

Es así que la alarma social ha sido extirpada de los códigos como elemento fundante para imponer una prisión preventiva, un encarcelamiento durante el proceso; increíblemente hace pocos días vimos y escuchamos cómo ese viejo fantasma del pasado nuevamente revoloteaba nuestros Tribunales; lo grave es que esta vez no fue blandida por los fiscales de la época de Videla; lo grave es que esta vez lo invocaron los fiscales de Santa Fe que juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución nacional y provincial. Dicho juramento ha sido una mera declaración festiva y no un verdadero compromiso de fe democrático. Y la cuestión resulta más grave por la especulación de dichos fiscales santafesinos con que esa alarma o repercusión social supla el análisis racional y justo de la causa. La irrupción en casas y oficinas de grupos policiales de élite, encapuchados, pertrechados con armas largas para colectar prueba de maniobras de tipo económico o financiero —que pueden o no ser delitos—, la virtual "detención" de personas que ni siquiera estaban imputados o denunciadas en sus casas u oficinas y el relato fantástico de una trama más propia de una serie de Netflix que de la realidad, sazonada con algunas titulaciones mediáticas más cercanas a un culebrón venezolano de media tarde que a los hechos; todo ello, para justificar lo injustificable, para legitimar lo ilegítimo y para ocultar la orfandad de fundamentos y argumentos.

Ha empezado lo que será un largo y farragoso proceso penal, por cierto, de la peor manera.

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