Cambiemos
Domingo 13 de Noviembre de 2016

Al menos que parezca

En otro mundo. La desconexión de la clase política argentina con la realidad de las mayorías es impactante. Con el 30 por ciento de la población en situación de pobreza, es injustificable el aumento de las dietas de los legisladores.

Los países deberían tener funcionarios que se parezcan a sus ciudadanos. No es imprescindible que sean iguales. Al menos que se les parezcan. Una nación en crisis económica, con el treinta por ciento de pobreza, con uno de cada tres personas de centros urbanos viviendo en villas de emergencia, debería alzar la vara de la similitud entre los políticos y los que los votan.

La desconexión de (buena parte) de la dirigencia nacional con la realidad de las mayorías es impactante. Los ejemplos podrían ser infinitos. Tomemos dos: uno de largo alcance y otro inmediato. Por lo primero, el fracaso estrepitoso de todos los que ocuparon el poder desde 1983 (el corte es arbitrario pero significativo) se manifiesta en el resultado de la educación. Un maestro que se inicia hoy en su profesión gana, en promedio, 8.000 pesos por mes. En el 70 por ciento del territorio argentino, la mitad en negro. Es hora de terminar con los eufemismos. El sueldo "No remunerativo" que no aporta ni a jubilación ni a obra social es en negro. Y peor, porque así lo paga el Estado. Los docentes son discriminados, desvalorizados y maltratados. Es objetivo.

El nivel de credibilidad en los resultados de las compulsas internacionales con alumnos primarios y secundarios descendió en estos 40 años de manera abrupta. De estar entre los primeros 10 a nivel global, pasamos a los 10 últimos con el mismo rango que Indonesia, Qatar, Jordania, Túnez, Albania y Kazajistán. Eso dice la última prueba Pisa. ¿Cuál es el rubro que más ocupa en los dirigentes que hacen campañas electorales? La educación. En estas cuatro décadas gobernaron casi todos los mismos que hoy pretenden hacerlo. Su discurso no se parece en nada a la realidad que le han dado a sus votantes.

El ejemplo más cercano al que se aludiera es el modo de los recientes aumentos de las dietas de legisladores nacionales y su ausencia de debate mientras la mayoría paseaba por los Estados Unidos con la excusa de las elecciones en ese país. Diputados y senadores acordaron a oscuras aumentarse sus sueldos en un promedio aproximado al 60 por ciento. Se dice aproximado porque la opacidad en este tema, difuminada con sarasas variadas como el desarraigo, la antigüedad, los pasajes de avión y otros ítems oníricos no nos permite decir hoy cuánto es el sueldo de un legislador. A ver si se nos entendemos: Gabriela Michetti y Emilio Monzó deberían agenciar el método para que con el simple apretar de la tecla F5 todos sepamos qué se percibe como un servidor público que trabaja en el Congreso. Porque de eso se trata. Son servidores públicos, "inquilinos" temporarios del poder. No sus dueños a eternidad.

Federico Pinedo le dijo a este cronista que unos 80 mil pesos no alcanzan para vivir ya que la inflación licúa sus haberes. No hay dudas que el costo de vida ha carcomido de manera notable los ingresos de todos los argentinos. De todos. De un jubilado que no cobra 6.000 al mes o de un cabeza de familia que araña los 10.000, a la enésima potencia. Pinedo es un hombre de bien. Por eso, debería estar atento al disparate verbalizado por Eduardo Amadeo (y compartido por muchos) que sostiene que pagar a un diputado como a un jubilado "sólo tendremos ricos o chorros" (sic). Se ve que para algunos el límite de la ética se sostiene en una concreta tabla de precios.

No estaría mal que los legisladores pensaran en tomar una medida extraordinaria ante una realidad de extraordinaria pobreza, exclusión y angustia del día a día de las mayorías. Que ellos, y los jueces que siguen sin pagar Ganancias y los responsables del Ejecutivo de los que poco se habla, fueran iguales al pueblo sería una utopía irrealizable. Pero como dijera el gran Fernando Birri a Eduardo Galeano, las utopías sirven para saber hacia dónde hay que caminar. Renunciar por dos años a recibir aumentos de sus dietas no va a aminorar, por ejemplo, el pavoroso endeudamiento que está tomando la Argentina. Pero al menos va a provocar que muchos creamos que no son iguales, pero al menos se nos parecen.

Por fin, el viaje de dos o tres centenares (otra vez el número responde a la vergonzosa ausencia de respuesta del Estado sobre las concreciones) de funcionarios nacionales a los Estados Unidos para ser testigos de cómo Donald Trump llegaba al poder a base de discriminaciones, xenofobia y paleozoico, responde al mismo fenómeno de desconexión. Si se quería ver qué sistema electoral se usa, bien pudieron interiorizarse leyendo desde aquí las bases legales de él. Porque ir a ver cómo 80 millones de americanos aprietan un botón y chequear que la aritmética que se usa desde Pitágoras dé una cifra ganadora, suena a provocación hacia los que esperan que trabajen como lo que se los ha votado.


Defensores. Han pasado casi 8 años desde que el país perdió a su Defensor del Pueblo nacional. Ya se sabe que la anterior administración diseñó un plan sistemático de destrucción de todos los órganos de (su) control eliminando o neutralizando con amigos en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, la Sigen, las Procuraciones Generales y, claro, cooptando la justicia con aprietes o designaciones de cercanos. El Defensor del Pueblo debe nacer de la propuesta y aprobación de una comisión bicameral del Congreso y es el encargado de representar colectivamente a la ciudadanía antes un choque con la administración pública.

Hace horas se conocieron los 4 postulados para ese cargo. Ninguno, con diferencias, reúne el requisito de tener a un hombre de derecho, especializado en defensa de intereses colectivos con la independencia del poder de turno para representar a la ciudadanía. Se habla de alguien que se le parezca al habitante con problemas y que resguarde el respeto por los que estudian en las universidades y se perfeccionan para una tarea pública.

Cambiemos propuso a Susana Decibe y a Graciela Ocaña. La primera es una dirigente peronista que dedicó su vida a la educación. Ministra de Carlos Menem, hoy asesora en educación de una intendencia del PRO del Gran Buenos Aires, exhibe un currículum frondoso en donde única y exclusivamente habla de su especialidad. ¿Es abogada? Es cierto que no se precisa serlo como Defensor. Pero como se supone que ese cargo vive entre las conciliaciones de derechos y los Tribunales a donde se demanda, no vendría nada mal. Podía tener asesores legales, se esgrime. Con ese criterio, nombremos jueces a médicos otorrinolaringólogos que nos caigan bien y nombrémosle un secretario letrado. ¿Conoce Decibe de defensa de un ciudadano frente a la administración pública? Nada.

Ocaña es una dirigente de enorme valor. Contundente, nada dogmática, trabajadora, denunciante en muchas causas de corrupción que permitieran aclarar saqueos al Estado. ¿Es abogada? No. ¿Se formó en la cuestión de intereses colectivos? Tampoco. ¿Tiene una mirada crítica hacia la actual administración en su pertenencia política? Forma parte de una coalición (ECO) que abiertamente llamó a votar por Mauricio Macri.

Héctor Polino es el mítico dirigente del socialismo con un currículum apabullante en materia de defensa al consumidor. En sus 83 años dio sobradas pruebas de trabajo aunque no es abogado ni especialista en el tema que en el mundo se estudia en las universidades.

El peronismo propone a Humberto Roggero. Ex jefe de la bancada de diputados del PJ en los 90, agrega su experiencia como embajador en Italia, cargo para el que tampoco se había formado. No es abogado, no es especialista, no es conocido en ese ámbito y no suele siquiera vérselo seguido en su tierra natal de Río Cuarto. Es, sí, amigo de quien lo propone.

El cargo de Defensor del Pueblo y sus candidatos, luce a grandes rasgos como otro ejemplo en donde, quienes proponen, no sólo tienen poco interés en ser iguales a sus representados y al espíritu de la ley, sino que ni se les parecen. Defensores de sus amigos o de la política. No del pueblo.

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