Policiales
Domingo 31 de Julio de 2016

Advertencia de un Comité de la ONU sobre falta de recursos de la Defensoría

En momentos en los cuales el Ministerio Público de la Defensa provincial atraviesa un duro embate desde distintos sectores políticos y hasta hay un pedido de juicio político a su titular...

En momentos en los cuales el Ministerio Público de la Defensa provincial atraviesa un duro embate desde distintos sectores políticos y hasta hay un pedido de juicio político a su titular, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas remarcó que en la provincia hay "una tendencia a la regresión de los Derechos Humanos seguida de un debilitamiento institucional" y reiteró la "preocupación con respecto a la falta de autonomía funcional y presupuestaria de la Defensoría".

La advertencia fue hecha en el 117º período del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ocasión en la cual la Argentina presentó su 5º informe periódico y el Ministerio Público de la Defensa de Santa Fe hizo público un extenso informe alternativo sobre la situación en la provincia a través del Defensor Regional de la 1ª Circunscripción, Sebastián Amadeo; y la Secretaria Legal y Técnica del organismo, María de los Angeles Cáceres.

En ese marco, el organismo internacional conformado por 18 exprertos manifestó su "preocupación en torno a varias cuestiones, entre otras el modo en que el Estado argentino debe garantizar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en un sistema federal dotando a las provincias de verdaderos estándares de autonomía".

Cuestionamientos. "La fuerte tendencia a la regresión de los Derechos Humanos seguida de un debilitamiento institucional; la violencia institucional (policial y penitenciaria); la ausencia (en algunos casos) y falta de funcionamiento (en otros) de mecanismos de prevención contra la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, solicitando al Estado que se le dé entidad real a dicho mecanismo en todo el territorio nacional; la falta de investigación de hechos vinculados a la violencia institucional; la ausencia de estadísticas con datos desagregados en la materia; el autogobierno de las cárceles, la existencia de requisas vejatorias, la corrupción penitenciaria y policial", son sólo algunas de las advertencias que marcó el Comité en torno a la situación que se vive en la Argentina.

Respecto a los registros de casos de torturas, el Comité señaló que "no hay coincidencia entre lo que se registra por parte de diferentes instituciones y lo que el Estado nacional investiga". Y sobre la Defensa Pública, remarcó la importancia de "dotar a esta institución en comparación con el Ministerio Público Fiscal, sobre todo a nivel provincial".

Además, el Comité "insistió en que existe un déficit concreto y dificultades del Estado en prevenir la violencia institucional y las desapariciones forzadas de personas".

E hizo hincapié en los casos de Roberto Irusta, Franco Casco y Gerardo "Pichón" Escobar, solicitando que "se investiguen". En ese sentido, dijo: "Pareciera que existe una cierta impunidad que permite que se cometan excesos. Pareciera que estamos frente a una práctica de tortura encubierta".

Respecto de la Argentina el Comité reitera su preocupación sobre la falta de autonomía funcional y presupuestaria de la Defensoría Pública, "lo cual afecta la calidad de los servicios". Y dice: "Preocupa que la Defensoría Pública Federal y las provinciales, no cuenten con recursos suficientes para la plena ejecución de sus mandatos, por lo que el Estado debe intensificar sus esfuerzos para asegurar que las mismas dispongan de los recursos necesarios, la autonomía funcional y presupuestaria respecto a otros órganos del Estado".

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