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Viernes 28 de Octubre de 2011

Adolescencia, discapacidad y escuela secundaria

Por Stella Perino / El desafío de debatir la obligatoriedad de la enseñanza media con una mirada inclusiva del sistema educativo

La ley nacional de educación Nº 26.206 prevé la obligatoriedad de la escuela secundaria para todos/as los adolescentes y jóvenes del país, haciendo una particular referencia a las modalidades de la integración escolar, cuando se trate de estudiantes con discapacidad. La obligatoriedad, como decisión en materia de políticas educativas, implica la posibilidad de que la población acceda a un mayor grado de escolarización en términos de gratuidad; al mismo tiempo que instituye en la decisión misma, al Estado (nacional y/o provincial) como “garante” de dicho derecho.

Esta obligatoriedad, en el campo de lo institucional enfrenta a las mismas con un nuevo y hasta el momento casi desconocido desafío. De lo que se trata ahora es de que “todos/as terminen” la escuela secundaria en las mejores condiciones de equidad cognoscitiva; con lo cual, históricas preocupaciones de la escuela primaria, tales como, la retención, la deserción y la integración educativa de niños/as con discapacidad, pasan a ser también preocupaciones vigentes para el resto del sistema.

Desde la perspectiva del adolescente alumno/a, la escolaridad secundaria puede tener un carácter propedéutico, en proyección con estudios superiores, o bien, de habilitación para el mundo del trabajo. En uno u otro caso, el cursar la escuela secundaria implica el cierre de una etapa en el complejo proceso de subjetivación.

Pregunta. Centrando el análisis a este nuevo hecho de la presencia sin restricciones de adolescentes con discapacidad en el ámbito de la escuela secundaria, ¿Qué decisiones es dable esperar por parte del Estado provincial?

En primer lugar, que acompañe con decisiones claras y normas precisas a este proceso de transformación, abriendo “a un debate serio” (ver Suplemento Educación el 15 de octubre).

Así, por ejemplo, la ley nacional de educación incorpora la figura de los “trayectorias educativas individualizadas”, la cual, como su nombre lo sugiere, abre a todo un desarrollo curricular y académico que, atendiendo a la singularidad de los procesos de aprendizaje de los estudiantes con discapacidad, no los aleje de la propuesta en común con el grupo de referencia. Podrá decirse que, este enunciado es retomado en el Decreto Provincial Nº 2703/10, pero retomar un enunciado no implica responder a los interrogantes que se suscitan relativos al “¿cómo?”, “¿con qué criterios?”, “¿cómo plantear la evaluación? y, el nudo gordiano de la cuestión: “¿Cómo van a ser acreditados y certificados?”.

Falta de debate. Corresponde entonces la pregunta: ¿Se ha discutido con los equipos docentes, desde una concepción interdisciplinaria, acerca de esta oportunidad para integrar a todos/as los adolescentes en un currículum común? La respuesta es no, porque si hubo algún atisbo de discusión fue circunscripta al ámbito de la educación especial, perdiéndose la visión integral y sistémica de la estructura educativa, con lo cual arcaicos binarismos vuelven a tener vigencia.

En segundo lugar, es dable esperar que en la provincia de Santa Fe se organicen instancias de capacitación para los equipos docentes de las escuelas secundarias quienes, más allá de su profesionalismo disciplinar y buenas intenciones democráticas, deberán resolver nuevas situaciones en nuevos escenarios institucionales.

Y en relación a los docentes de educación especial, además de la imprescindible provisión de cargos, también se hace necesario una acción de habilitación académica para intervenir en un nivel del sistema educativo no contemplado en su formación de grado. Si bien, el decreto provincial mencionado, señala que las tareas de acompañamiento a la integración de los/as adolescentes en la escuela secundaria deberá ser realizada por los docentes pertenecientes a las plantas escolares de las escuelas especiales laborales, el no acompañar esta decisión con políticas de capacitación, implica minimizar la complejidad curricular del nuevo nivel.

Reto pedagógico. Ahora bien, si esto que es esperable que suceda no se sucede, ¿qué es posible hacer?

La integración de un/a adolescente con discapacidad, en este caso puntual en el tramo de la educación secundaria, no debe ser entendida como un simple “estar” y en todo caso, un transcurrir haciendo un “como si”. Sería éste un posicionamiento condescendiente hacia el alumno/a que aprende, limitando así sus posibilidades de promoción curricular.

Por el contrario, es un verdadero reto pedagógico; de lo que se trata es de una equitativa distribución de los saberes y de una apertura a múltiples estrategias facilitadoras del conocimiento.

Entonces si se comenzara a autogestionar desde los propios docentes comprometidos con el interés ciudadano, y desde una concepción integral de sistema (no fragmentando entre “educación común” y “educación especial”) la discusión, los debates institucionales y la definición de líneas de acción inclusivas, seguramente otras voces, otros miembros de la comunidad se unirían a la intención de hacer de esta “obligatoriedad” normativa un pleno ejercicio de derechos. 

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