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Domingo 11 de Octubre de 2015

Abuso en cadena

El discurso unificado. Raro momento cultural el que vivimos, en el cual lo obvio reclama justificación: la presidenta de la Nación viola sistemáticamente su propia ley de servicios audiovisuales, pero –aunque sea obvio– todos los días hay que explicarlo.

Alcanzaría con leer el artículo 75 de la ley de servicios audiovisuales. Bastaría con recordar que es uno de los emblemas legislativos de esta gestión. Con eso sería suficiente. Sin embargo, por estos tiempos se ha impuesto la malsana costumbre de tener que explicar la obviedad. Raro momento cultural el que vivimos, en el cual lo obvio reclama justificación. Un verdadero oxímoron. Lo evidente no necesita más que ser mostrado, observado o percibido por los sentidos. El agua moja. Y punto. La noche sucede al día. Y ahí están el sol y la luna para ser mirados. Y no hay más. La ley es, y para todos. Salvo aquí y ahora.

Persistamos en reclamar que el sentido común no sea abolido por el capricho o la intolerancia. Y leamos. “El Poder Ejecutivo nacional y los poderes ejecutivos provinciales podrán, en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional, disponer la integración de la cadena de radiodifusión nacional o provincial, según el caso, que será obligatoria para todos los licenciatarios”. Así dice la ley de Cristina Fernández. Situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional. ¿Hay alguna duda de que 43 cadenas nacionales en 43 semanas de un año están en contra de la ley de servicios audiovisuales? ¿Hace falta más que el sentido común para notar que la presidenta ha transgredido con flagrancia su propia iniciativa legal, hecha norma para que todos la respetemos, incluso ella? No hay dudas.

Y, a pesar de ello, hay que argumentar. Se ve que la obviedad y el sentido común carecen de fuerza moral para esta gestión de 12 años.

Se aduce desde el oficialismo que la convocatoria a cadena nacional es un acto discrecional del Poder Ejecutivo, propio de facultades políticas no revisables por el Poder Judicial. Error. Cualquiera que se haya asomado a un manual (ni falta que hace un tratado) de derecho constitucional sabe que este tipo de cuestiones ni rozan el efectivo marco de libertad que posee la administración de una nación para gobernar. Las emisiones uniformes en todos los medios de comunicación, convocadas de prepo, tienen mucho más que ver con el deseo de unicato de opinión que con el derecho a administrar. Sus antecedentes históricos en gobiernos autoritarios y sus referencias más inmediatos a naciones como Venezuela o Corea del Norte nos eximen de mayores comentarios. ¿Se está diciendo aquí que Cristina Fernández gobierna como Nicolás Maduro o Kim Jong? Claro que no. La obviedad no es la única instituida a la hora de la explicación obvia. La miopía y mala leche política de algunos también. En la Argentina hay abuso de la cadena de medios tanto como en Venezuela y Corea del Norte. Nada más. Ni nada menos.

Se arguye a favor de este modo de monologar en todos los canales de TV y radios que ante el “monopolio informativo” de las emisoras opositoras, que cual pulpo mediático impide la difusión de noticias que el gobierno cree centrales y de interés generales, es imprescindible llamar a cadenas. Si no las hay, el pueblo no se entera. Oligopolio severo de medios claro que existe. Incluso desde 2003, cuando ese concentrador de emisoras era el “house organ” de este mismo gobierno. ¿O no nos acordamos cómo un solo diario contaba en tapa lo que quería la gestión K día tras día? Hasta la crisis del campo, los hoy demonizados tenían altar propio en la Casa Rosada.

Para que un presidente pueda fijar la agenda periodística de un país basta con que sea democrático en sus modos de comunicar y respetuoso con el oficio de los periodistas. Una mera entrevista con el primer magistrado le da prioridad en las noticias. No hay hecho político que supere en cantidad, calidad y urgencia de títulos a lo que diga quien gobierna.

Pero, claro, hablamos de una entrevista. Un mecanismo basado en la pregunta y la repregunta. Algo bien distinto al monólogo acompañado de aplaudidores que supone la cadena. El propio jefe de gabinete, Aníbal Fernández, dijo que se aburrió en el debate presidencial del domingo pasado porque no hubo repreguntas. ¿Cuántas notas (de este tipo) dio en su mandato la presidenta Fernández? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Conferencias de prensa? Una, bajo la gestión de Sergio Massa como jefe de gabinete. Y todavía se cuentan los reproches destemplados de la primera magistrada hacia él cuando al finalizar lo acusó de haberla sometido a un inquisitorio cuestionario.

Es raro que la presidenta se enoje porque lo que ella quiere no es primera plana. No le alcanza con 43 apariciones radiotelevisivas que no admiten chance de opinión diversa y reclama el derecho de editar elogiosamente para sí los contenidos de los periódicos, en lo que a ella respecta. Si el periodismo vale por la repregunta, más cotiza por la mirada siempre crítica hacia el poder. El periodismo de buenas noticias es sólo propaganda. Y para eso ya hay bastante chequera de secretarios de medios nacionales, provinciales o municipales.

Por fin, y ante la obviedad del número de cadenas que podría ser visto como algo de forma, hay que adentrarse en el fondo de lo que se dice. Puede que anunciar el pago de un compromiso externo en una Nación acostumbrada al default sea tema. Quizá el orgullo por la ciencia del país cuente a la hora de agradecer a los expertos que pusieron en órbita un satélite. No mucho más. Pero si en medio de eso se anatematiza, por citar algunos pocos ejemplos, a un abuelito amarrete, a una periodista por el medio en el que trabaja, a una inmobiliaria que supuestamente debe un mes de IVA, o se exhibe el pasaje de avión de un ciudadano que tiene el derecho a la privacidad de sus actos, el tema roza con lo autoritario. Y nótese que se evitan menciones a la eterna, recurrente y chocante autorreferencia de quien en estos tiempos encadena a los medios y aporta más al anecdotario personal que a la gravedad o excepcionalidad institucional. Que en una provincia no hubiera pileta para que un ex presidente haya podido aprender a nadar resulta poco acorde al espíritu de la norma de servicios audiovisuales.

Desde ayer, también por ley electoral, está prohibido todo tipo de actos de Estado que tiendan a camuflar campaña política favorecida por quien está en el poder. Inauguraciones, caravanas, lanzamiento y, obvio, cadena de medios. Es sabido que para muchos esa vieja idea republicana de que todos somos iguales ante la ley y que, especialmente, nadie es más que la ley, es un estorbo decimonónico que debería quedar abolido por la mayoría de las urnas. Sin necesidad de recurrir a los canales de televisión ni a las radios, se puede recordar que pensar así es, por el lado político, propio de populismos con rasgos autocráticos y por el del buen gusto, invitación al hartazgo auditivo y visual.

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